IMPACTO PANAMÁ
Related Articles
Panama Ports Company (PPC), operadora de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, respondió de forma enérgica a los señalamientos derivados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la cual impulsó una investigación penal por presuntas irregularidades en la concesión portuaria.
En un comunicado oficial, PPC aseguró haber pagado al Estado panameño un total de $668 millones en los últimos 28 años, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La empresa también resaltó que ha invertido $1,695 millones, una cifra muy por encima de los $50 millones establecidos originalmente en el contrato de 1997 y los $1,000 millones acordados en una adenda de 2005.
Cumplimiento avalado por la Contraloría
Según PPC, una auditoría realizada en 2020 por la propia Contraloría General concluyó que la empresa está en “cumplimiento sustancial” de las cláusulas del contrato de concesión. Esto contradice las recientes afirmaciones sobre un supuesto impago de $1,200 millones al Estado, que generaron preocupación a nivel nacional y dieron pie a la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.
“Rechazamos categóricamente cualquier acusación de incumplimiento. Nuestra inversión y aportes están documentados y han sido auditados”, expresó la empresa en su comunicado.
Contribuciones y participación estatal
PPC destacó además que es la única empresa portuaria del país donde el Estado panameño posee el 10% de participación accionaria, lo que ha generado dividendos por $126 millones durante la vigencia del contrato.
La compañía también enfatizó su impacto en la economía panameña, señalando que su contribución total —entre inversiones, valor agregado, efectos indirectos y pagos al Estado— supera los $5,900 millones, según cifras de la propia Contraloría.
Llamado a la seguridad jurídica
En su mensaje final, PPC hizo un llamado al respeto de la seguridad jurídica, elemento clave para mantener la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
“La seguridad jurídica es esencial para proteger el clima de inversiones en Panamá. Hacemos un llamado al diálogo y a la coordinación respetuosa entre las instituciones del Estado”, puntualizó la empresa.
Esta declaración llega en un momento clave, tras las declaraciones del contralor general Anel Flores, quien presentó los hallazgos preliminares de la auditoría que dio pie a la investigación penal por posibles delitos contra la administración pública.
