IMPACTO PANAMÁ
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Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU revela cómo el gobierno nicaragüense ha desmantelado los últimos controles sobre su poder, cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el proceso.
El documento, presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, aporta por primera vez evidencias que implican al Ejército nicaragüense en la represión violenta de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
«El presidente Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario», señaló Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos, quien añadió que «el Estado y el partido gobernante prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión».
Control total sobre la población
Según los expertos, Ortega y Murillo dirigen una extensa red de inteligencia que vigila a toda la población nicaragüense. El informe detalla cómo controlan un vasto aparato que incluye fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La reciente reforma constitucional, que entró en vigor la semana pasada, ha eliminado los pocos controles institucionales que quedaban, convirtiendo los poderes judicial, legislativo y electoral en simples «órganos coordinados» por la presidencia.
«Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo», afirmó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.
Persecución dentro y fuera de las fronteras
El informe documenta la persecución de voces disidentes tanto dentro como fuera de Nicaragua. Hasta la fecha, 452 nicaragüenses han sido arbitrariamente despojados de su nacionalidad, con el caso más reciente ocurrido en septiembre pasado, cuando 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.
Los expertos señalaron que algunas de las violaciones documentadas siguen los patrones de crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos. El Grupo ha elaborado una lista de responsables que será hecha pública antes del 4 de abril, cuando concluya la actual sesión del Consejo.
Llamado a la acción internacional
El informe advierte que la inacción de la comunidad internacional «fortalece al régimen y prolonga el sufrimiento del pueblo nicaragüense», por lo que recomienda acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
Además, los expertos piden a los gobiernos que faciliten procedimientos de asilo rápidos y justos, así como el reconocimiento de los títulos académicos y profesionales de los nicaragüenses exiliados.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos fue creado en 2018 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras las protestas masivas que sacudieron Nicaragua ese año.
