El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, encendió las alarmas este lunes al destapar un presunto fraude millonario dentro de Panama Ports Company, mediante el uso de subsidiarias fantasmas que habrían desviado $478 millones entre 2015 y 2023. En una rueda de prensa, Flores calificó los hallazgos como «inauditos» y anunció que se emprenderán acciones legales inmediatas.
Manipulación de ganancias y empresas «fantasmas»
Según la auditoría presentada, la empresa operadora del puerto habría inflado pagos hacia compañías satélites no reconocidas legalmente como subsidiarias ni concesionarias. Esto se hizo mientras sus reportes de ganancias ante el Estado disminuían año tras año, a pesar del crecimiento en el volumen de contenedores movilizados.
“Aquí no importa cuánto produces; entre más contenedores mueves, menos ganas”, afirmó Flores, destacando la incongruencia entre productividad y ganancias reportadas.
Además, señaló que las supuestas subsidiarias ni siquiera figuran formalmente como parte del conglomerado. “Entonces, ¿qué son? Fantasmas que están allí. Es un chiste de mal gusto”, expresó el contralor.
Excontralor bajo la lupa y contrato sin refrendo
Flores no dudó en señalar responsabilidades: acusó directamente al excontralor Gerardo Solís de ignorar un informe del 2021 que advertía graves fallas en el cumplimiento de los acuerdos contractuales.
Peor aún, denunció la inexistencia de un contrato refrendado válido: “Se ha pedido en reiteradas ocasiones a Panama Ports que envíen el contrato refrendado. No lo han hecho porque no existe”.
También anunció que publicará la auditoría que se realizó durante la administración anterior, la cual “se manejó en secreto y nunca debió ser ocultada”.
Críticas a la AMP y ampliación de investigaciones
El contralor también arremetió contra la anterior Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), acusándolos de negligencia y posibles actos de corrupción. “La camiseta de Panamá nadie se la puso. Tenemos un contrato leonino”, afirmó con contundencia.
Flores anunció que su despacho iniciará revisiones a todas las empresas donde el Estado mantiene participación, ante la caída en los dividendos recibidos, que pasaron de casi $180 millones en 2014 a apenas $80 millones en 2023.
Posibles ramificaciones del escándalo
El escándalo podría convertirse en uno de los más graves de los últimos años, con implicaciones para altos funcionarios de administraciones anteriores y potenciales repercusiones en el sector portuario y marítimo nacional.
Flores también prometió revisar las tarifas de movimiento de contenedores en todos los puertos del país, dejando abierta la posibilidad de que existan más irregularidades en este sector estratégico para la economía panameña.