La propuesta de implementar un servicio policial obligatorio en Panamá ha generado un intenso debate en la opinión pública, con posturas encontradas sobre su viabilidad, impacto en el empleo juvenil y posibles implicaciones para los derechos ciudadanos.
¿Una solución al desempleo juvenil?
Según el investigador social Gilberto Toro, esta iniciativa podría ser una oportunidad para los jóvenes sin experiencia laboral, especialmente aquellos en carreras técnicas. Argumenta que la medida ampliaría el mercado laboral y permitiría aprovechar la inclinación de las nuevas generaciones por la tecnología en beneficio de la seguridad pública.
“Se está aprovechando ese interés por la tecnología de los profesionales jóvenes para que puedan verse favorecidos y a la vez aportar a la Policía”, afirmó Toro.
Además, el analista considera que el rango de edad para participar en este programa debería extenderse hasta los 35 años, lo que permitiría a más personas beneficiarse de esta opción.
Reacciones en la ciudadanía
En redes sociales, muchos panameños han expresado su apoyo a la propuesta, destacando su potencial para reducir la criminalidad y brindar oportunidades laborales:
- “Me parece bien, se beneficia usted y se beneficia el país. No hay excusa para la vagancia.”
- “Si países de primer mundo lo hacen, ¿por qué Panamá no? Cada día la delincuencia está peor y los jóvenes están perdidos en la criminalidad.”
Sin embargo, otros sectores advierten sobre los riesgos de imponer una medida de este tipo sin un análisis profundo de sus consecuencias.
¿Obligatorio o voluntario? Un punto clave en la discusión
El profesor de sociología jurídica y criminología de la Universidad de Panamá, Fernando Murray, señala que el carácter obligatorio del servicio es cuestionable y podría afectar la autonomía y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Nosotros no podemos aceptar la idea de que ser un mejor ciudadano o patriota supone una formación policial. No podemos caer en la visión de que quien no se uniforma tiene predisposición delictiva.”
Murray aboga por fortalecer la formación académica y los valores de convivencia pacífica en la juventud, en lugar de vincular el servicio policial con la construcción de ciudadanía. Además, advierte que imponer esta medida podría ser ineficaz si no se garantiza que los jóvenes participen voluntariamente.
Aún en evaluación
De acuerdo con las autoridades, el programa aún está en fase de análisis y, en caso de aprobarse, sería obligatorio únicamente para quienes reciban educación técnica y universitaria financiada por el Estado.
A medida que el debate avanza, será clave que el Gobierno esclarezca los detalles de la iniciativa y sus posibles impactos en la juventud panameña.