IMPACTO PANAMÁ
Related Articles
Por: Carlos B Castillo
En plena administración de Laurentino “Nito” Cortizo, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) adjudicó a título oneroso —es decir, con pago simbólico— un globo de terreno de más de 32 hectáreas (32 Has + 3,485.50 m²) de propiedad nacional, ubicado en Loma Bonita, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, provincia de Panamá, a favor del empresario Juan Carlos Soto Gómez.
Según el Folio Real N° 30499355, inscrito el 1 de diciembre de 2023, el traspaso fue realizado mediante la Resolución Administrativa ADMG-2171-2022, emitida el 30 de noviembre de 2022.
El documento oficial confirma que La Nación cedió los derechos de propiedad sobre el terreno a Soto Gómez, bajo una adjudicación directa de tierras baldías nacionales.
¿Quién es Juan Carlos Soto Gómez?
Soto Gómez, empresario panameño, ha sido señalado e investigado por presunta participación en actos de corrupción. Sin embargo, esto no impidió que fuera uno de los “bendecidos” por ANATI, obteniendo más de 320,000 metros cuadrados de terreno a un valor irrisorio —centavos por metro cuadrado— mientras miles de panameños esperan años para acceder a lotes mucho más pequeños.
El negocio de los baldíos: una vieja práctica
Durante años, la adjudicación de baldíos nacionales ha sido terreno fértil para favores políticos y negocios opacos.
En teoría, estos terrenos deben ser entregados a campesinos o familias sin tierra, pero en la práctica terminan en manos de empresarios o allegados con influencias dentro del sistema.
El caso de Juan Carlos Soto Gómez reabre el debate sobre cómo ANATI sigue siendo utilizada como herramienta de privilegio, en un país donde el acceso a la tierra sigue siendo un sueño para muchos y un regalo para pocos.
Una adjudicación bajo la lupa
El documento del Registro Público deja poco espacio para dudas: el globo de terreno fue adjudicado directamente a Soto, a título oneroso, con todos los sellos de legalidad, pero con el inconfundible olor de la desigualdad y el favoritismo.
Mientras las autoridades hablan de transparencia, la realidad muestra que los “amigos del poder” siguen cosechando hectáreas a precio de ganga.
