IMPACTO PANAMÁ
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El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado este jueves el recurso de alzada presentado por los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor junto al FC Barcelona, anulando el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga que les afectaba.
Incompetencia en la toma de decisiones
Según ha indicado el CSD, se ha constatado «de un modo evidente e incontrovertido» la incompetencia de la Comisión de Seguimiento para decidir sobre el visado previo y la licencia solicitada por el FC Barcelona para ambos jugadores.
La resolución señala que las funciones de dicha Comisión están claramente definidas en el convenio vigente entre la RFEF y LaLiga, limitándose a:
- Interpretar la aplicación de las cláusulas del Convenio
- Vigilar el cumplimiento de lo pactado
- Promover actividades para la mayor eficacia del Convenio
Nulidad de pleno derecho
Aunque LaLiga y la RFEF defendieron en sus alegaciones que la Comisión de Seguimiento simplemente ratificó acuerdos previos adoptados por órganos competentes, el CSD concluye que dicha Comisión acordó expresamente «no conceder el visado previo ni la licencia definitiva» sin tener atribuciones para ello.
«En Derecho, tan importante es el fondo y la justificación material de las decisiones, como las formas, los procedimientos y las competencias», destaca la resolución.
Licencias que mantienen su validez
Como consecuencia de esta decisión, las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor siguen en vigor, ya que la propia RFEF ha reconocido en sus alegaciones que «no existe ninguna resolución federativa que acordase la cancelación de las licencias».
Cabe recordar que desde el pasado 8 de enero, la carrera profesional de ambos jugadores estaba protegida por una medida cautelar urgente concedida por el CSD para evitar daños irreparables hasta la resolución definitiva.
El control económico no es objeto de este recurso
Finalmente, el CSD ha subrayado que este recurso no trata sobre el control económico que LaLiga ejerce sobre sus clubes asociados, competencia que corresponde al Órgano de Validación de Presupuesto de LaLiga y a su Comité de Control Económico.
Si dicho órgano validó inicialmente la operación económica el 3 de enero de 2025 y posteriormente manifestó una posición distinta, se trata de «una cuestión de índole económica y de reglas internas» que deberá tratarse en el ámbito propio de LaLiga.
