IMPACTO PANAMÁ
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El ciudadano Francisco Javier Zappi Matos ha presentado una denuncia administrativa ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra la funcionaria Miriam Martínez Ruiz, jefa de enfermería de la sala de operaciones del Hospital Regional Dr. Luis «Chicho» Fábrega, por presunta violación a las normas de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.
Según la denuncia, la funcionaria habría participado en un video promocional de la empresa Smart Health, contratista del Estado dedicada a la limpieza en hospitales e instalaciones públicas. Este material audiovisual se encuentra publicado en la página de Instagram de la referida empresa.
Bases de la denuncia
El denunciante fundamenta su acusación en el Decreto Ejecutivo N° 246 de 2004, que establece el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, y en normativas que regulan la imparcialidad y transparencia en la función pública.
Según la ANTAI, en múltiples resoluciones previas, se ha establecido que los servidores públicos no deben favorecer ni promocionar a empresas contratistas del Estado, ya que esto vulnera principios fundamentales como:
Probidad: Actuar con honestidad e integridad.
Prudencia: Evitar decisiones impulsivas que comprometan la confianza pública.
Legalidad: Cumplir estrictamente con las leyes vigentes.
Ejercicio adecuado del cargo: Actuar de manera eficiente y responsable.
La denuncia argumenta que la participación activa de la funcionaria en un video promocional representa una clara violación al principio de imparcialidad y neutralidad, establecido en el Código de Ética de los Servidores Públicos y la Ley 38 de 2000 sobre Procedimiento Administrativo.
Posible conflicto de intereses
El artículo 39 del Código de Ética define el conflicto de intereses como una situación en la que el servidor público mantiene relaciones o recibe beneficios de empresas proveedoras del Estado, lo que compromete su independencia de criterio.
En este caso, la participación de la funcionaria en el video de Smart Health podría interpretarse como un beneficio indebido, generando dudas sobre la transparencia en la relación entre la empresa y el hospital donde labora.
Uso inadecuado de instalaciones públicas
Otro punto señalado en la denuncia es el hecho de que el video promocional fue grabado dentro de un quirófano de un hospital público, lo que genera interrogantes sobre:
Si existió autorización para la filmación dentro de instalaciones hospitalarias del Estado.
Si se vulneraron normas de bioseguridad y acceso a áreas restringidas.
Si la funcionaria utilizó horas laborales para realizar la promoción.
El artículo 26 del Código de Ética establece que los servidores públicos deben utilizar el tiempo de trabajo exclusivamente para cumplir con sus funciones, por lo que, de confirmarse el uso indebido del horario laboral, podría derivar en responsabilidades administrativas adicionales.
Posibles implicaciones legales
El denunciante plantea que este caso podría trascender la esfera administrativa y ser investigado por el Ministerio Público, en caso de que se determine que hubo beneficios económicos indebidos para la funcionaria.
Por ello, sugiere que se investiguen los movimientos bancarios de la funcionaria y de la empresa Smart Health, para determinar si existieron pagos o beneficios en especie relacionados con su participación en la promoción.
Además, se menciona que en la página de Instagram de Smart Health hay múltiples publicaciones en las que la empresa entrega regalos y beneficios a personal de entidades públicas, lo que podría constituir una práctica prohibida dentro de la Administración Pública.
Solicitudes del denunciante
En vista de lo expuesto, el denunciante Francisco Javier Zappi Matos solicita a la ANTAI que:
- Admita la denuncia e inicie la investigación administrativa correspondiente.
- Determine la responsabilidad administrativa de la funcionaria denunciada.
- Aplique las sanciones correspondientes según la normativa vigente.
- Ordene el retiro inmediato del video y la abstención de realizar este tipo de conductas en el futuro.
Como respaldo, el denunciante ha adjuntado evidencia que incluye:
- Acta notarial certificando la existencia del video.
- Capturas de pantalla de la página de Instagram de Smart Health.
- Un dispositivo USB con el material audiovisual en cuestión.
Conclusión
El caso presentado pone en evidencia la necesidad de reforzar la transparencia y ética en la función pública, evitando cualquier situación que pueda generar conflictos de interés o comprometer la confianza en las instituciones estatales.
La ANTAI deberá evaluar los elementos de prueba y determinar si las acciones de la funcionaria denunciada constituyen una falta grave a la ética pública, estableciendo las sanciones correspondientes conforme a la ley.
