IMPACTO PANAMÁ
En Colón, el negocio de la basura podría estar dejando de ser un simple problema de recolección para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
Detrás de las toneladas de desechos que diariamente salen de los puertos y de la Zona Libre existe una operación sensible que exige controles estrictos, trazabilidad y vigilancia permanente. No se trata únicamente de recoger bolsas, limpiar calles o transportar desperdicios. Se trata de saber quién entra, quién sale, qué vehículos circulan por áreas restringidas y qué se mueve dentro de cada contenedor.
El actual proveedor mantiene responsabilidades contractuales sobre la recolección en sectores estratégicos. Sin embargo, preocupa que supuestamente se esté permitiendo la participación de particulares en estas labores, presuntamente con la anuencia de autoridades municipales.
La pregunta es inevitable: ¿quiénes son esos particulares, quién los autorizó y qué controles de seguridad cumplen?
En una provincia marcada históricamente por rutas del narcotráfico, contrabando y crimen organizado, entregar el manejo de los desechos portuarios a personas o empresas sin la debida supervisión podría abrir una puerta peligrosa. La basura puede convertirse en una cobertura perfecta para introducir o sacar mercancía ilícita, drogas, dinero, armas o productos de contrabando sin levantar sospechas.
Por eso resulta preocupante el aparente interés del alcalde de Colón en cambiar al proveedor actual.
¿Existe un informe técnico que justifique esa decisión? ¿Hay incumplimientos demostrados? ¿O existen otros intereses detrás de una actividad que mueve millones de dólares y permite acceso a zonas altamente sensibles?
También debe aclararse si grupos delincuenciales están intentando infiltrarse, directa o indirectamente, en el negocio de la recolección de basura en Colón. No puede permitirse que empresas improvisadas, intermediarios desconocidos o capital extranjero sin suficiente verificación tomen el control de una operación vinculada a puertos y zonas comerciales internacionales.
Este tema no puede resolverse entre cuatro paredes ni mediante acuerdos políticos. El Ministerio de Seguridad, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad Marítima, la Policía Nacional y el Ministerio Público deben revisar lo que está ocurriendo.
Colón no necesita otro negocio oscuro disfrazado de servicio público.
La basura de los puertos no puede caer en manos equivocadas. Porque cuando se pierde el control sobre lo que sale de un puerto, también se pierde el control sobre lo que puede entrar.
La pregunta que el alcalde debe responder es sencilla:
¿Por qué quiere cambiar al proveedor y quiénes serían los verdaderos beneficiados?
