IMPACTO PANAMÁ
El abogado Rois Alberto Navarro, actuando como representante legal del agricultor Rufino Sánchez Rodríguez, presentó una querella penal contra el empresario Arquímedes Fernández, así como contra los abogados Eric Omar Quijada White y Paula María González Ferreiro, dentro de una investigación por la presunta comisión de un delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos en general.
La querella fue admitida por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé, sede de Penonomé, bajo la noticia criminal 202600058133. La resolución establece expresamente que admitir la querella no significa que los hechos denunciados hayan sido acreditados, sino que el escrito presentado cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 86, 88 y 89 del Código Procesal Penal.
Una propiedad en el centro de la disputa
De acuerdo con los hechos expuestos por el licenciado Navarro, la controversia gira alrededor de la Escritura Pública número 752, fechada el 3 de mayo de 2011, relacionada con la finca número 21230, ubicada en El Valle de Antón.
La parte querellante sostiene que dicho documento habría sido utilizado para promover un proceso ejecutivo hipotecario contra Rufino Sánchez Rodríguez y la fallecida Luzmila Jaén Rodríguez. Ese proceso habría culminado en septiembre de 2020 con un mandamiento de pago y el posterior traspaso de la finca a nombre del empresario Arquímedes Fernández.
La denuncia asegura que existen cuestionamientos sobre la autenticidad de la escritura y sobre la firma atribuida a Luzmila Jaén Rodríguez. Entre las presuntas irregularidades señaladas se menciona que la minuta del contrato de préstamo hipotecario no aparecería firmada y que tampoco constarían determinados protocolos o formalidades relacionados con el acto notarial.
Solicitan investigar la posible falsedad
El escrito también señala que, después del proceso civil, se habría promovido en febrero de 2026 una acción de lanzamiento por intruso contra Rufino Sánchez Rodríguez y otra ocupante de la propiedad. Para la representación legal del querellante, esta actuación estaría sustentada en una titularidad cuya validez continúa siendo cuestionada judicialmente.
Paralelamente, Navarro habría presentado ante el Juzgado Segundo de Circuito Civil de Coclé un proceso ordinario para solicitar la nulidad de la Escritura Pública número 752. El objetivo de esa acción sería que un tribunal determine si el instrumento utilizado para transferir la propiedad es válido o si, como sostiene la parte denunciante, presenta una posible génesis fraudulenta.
La querella fija provisionalmente en 330 mil balboas la cuantía de los presuntos daños y perjuicios materiales ocasionados. Como elementos documentales fueron aportados, entre otros, certificaciones del Registro Público, copias de la escritura cuestionada, actuaciones de los procesos civiles y documentos relacionados con el supuesto préstamo hipotecario.
Fiscalía admite la querella
Mediante resolución firmada por el fiscal Arnoldo Vergara Rueda, el Ministerio Público dispuso admitir formalmente la querella, reconocer a Rufino Sánchez Rodríguez como querellante y tener como querellados a Arquímedes Fernández, Eric Omar Quijada White y Paula María González Ferreiro.
El caso entra ahora en una etapa de investigación en la que corresponderá a la Fiscalía practicar las diligencias necesarias, evaluar los documentos aportados y determinar si existen elementos suficientes para formular una imputación o adoptar otra decisión conforme a la ley.
Hasta el momento, la admisión de la querella no constituye una declaración de culpabilidad. Las personas señaladas conservan plenamente su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el expediente abre una investigación que deberá aclarar cómo una finca terminó cambiando de propietario y si el documento utilizado para sustentar esa operación cumplía realmente con todas las exigencias legales.
