IMPACTO PANAMÁ
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Cinco estudiantes de la Universidad de Panamá que eran requeridos por el Ministerio Público tras las protestas del pasado 31 de enero, se presentaron este miércoles en la Procuraduría General de la Nación, poniéndose a disposición de las autoridades.
Defensa alega desconocimiento y falta de pruebas
El abogado de los estudiantes, Arturo Treyes, explicó que algunos de los jóvenes desconocían que eran requeridos, ya que se encontraban en el interior del país cuando ocurrieron los hechos y solo fueron notificados posteriormente.
Pese a ello, se entregaron voluntariamente y fueron trasladados a la Policía Nacional, donde esperan ser citados a una audiencia de garantías.
Treyes criticó la actuación de la Policía Nacional y su director, Jaime Fernández, afirmando que la institución está tomando decisiones que no le corresponden:
«Cada vez que hay una protesta en este país, el director de la Policía dice que va a judicializar, pero la entidad no tiene esa facultad. En este proceso, solo hay pruebas de la Policía y en ningún momento el Ministerio Público ha dado oportunidad a los estudiantes de presentar su versión».
Medidas cautelares y acusaciones
El pasado 4 de febrero, el juez de garantías Fermín Bonilla impuso medidas cautelares a dos personas implicadas en la supuesta agresión a un agente de la Policía Nacional durante la protesta en la vía Transístmica.
Los imputados, una mujer de 22 años y un hombre de 43 años, deben cumplir con reporte periódico, tienen prohibición de salida del país y restricción de acercamiento a la víctima.
Ambos enfrentan cargos por delitos contra la vida e integridad personal en la modalidad de lesiones personales, y por obstrucción de la labor policial.
Protesta y tensión con las autoridades
La manifestación se realizó en rechazo a la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y su postura sobre temas sensibles para la juventud.
Mientras los estudiantes aseguran que la protesta era pacífica y que una agente policial agredió a una manifestante, la Policía denuncia la agresión a uno de sus uniformados.
La situación sigue generando controversia, con denuncias de presunta persecución política y un debate sobre el manejo de las protestas en Panamá.
