IMPACTO PANAMÁ
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Panamá enfrenta una ola de protestas intensas, marcadas por el accionar de la policía que utilizó gases lacrimógenos para dispersar bloqueos en la crucial Carretera Panamericana. Estas manifestaciones, que ya superan las dos semanas, son impulsadas por el rechazo a una reciente reforma de pensiones y un memorando de entendimiento sobre seguridad firmado con Estados Unidos, temas que han encendido el descontento popular.
El miércoles, la policía antimotines intervino en la comunidad de El Piro, provincia de Veraguas, una zona con fuerte presencia de la etnia Ngobé-Buglé. Dirigentes de la comarca denunciaron una represión excesiva, acusando a las fuerzas de seguridad de atacar brutalmente a comunidades indígenas e intimidar a la población casa por casa. Aunque no hay reportes oficiales de heridos, la tensión en la región es palpable.
Las protestas actuales son las más grandes desde las manifestaciones de 2023 que lograron revocar un contrato de concesión para la operación de una mina de cobre. Para el presidente José Raúl Mulino, quien asumió el cargo el 1 de julio, este es su desafío más apremiante. A la reforma de pensiones y el acuerdo con Estados Unidos, se suma el fantasma de la reapertura de la mina de cobre, cerrada en diciembre de 2023, como detonantes de la crisis.
La huelga, liderada por el poderoso sindicato de la construcción, maestros y trabajadores bananeros, exige la derogación de la reforma de la seguridad social, aprobada en marzo, y el rechazo al memorando con Estados Unidos, percibido por muchos como una amenaza a la soberanía panameña sobre el Canal. Si bien la reforma no modifica las edades de jubilación (57 años para mujeres y 62 para hombres), los críticos temen que las futuras pensiones sean insuficientes. Traslación Acosta, un manifestante en Veraguas, expresó su preocupación por el impacto negativo en los jóvenes, quienes recibirán “pensiones de hambre”.
El gobierno defiende la reforma como necesaria para evitar el colapso financiero del sistema de pensiones y garantizar los pagos actuales y futuros. Sin embargo, Mulino ha rechazado cualquier diálogo sobre una reforma que ya está en vigor, postura que exacerba aún más el conflicto.
Los bloqueos en la Carretera Panamericana están interrumpiendo el transporte de productos, especialmente desde la provincia de Bocas del Toro, conocida por su producción de banano. La transnacional Chiquita anunció la suspensión definitiva de la producción de banano para exportación en tres fincas de la provincia debido a la paralización. La policía nacional informó sobre la detención de casi 200 personas durante las protestas, lo que sugiere una escalada en la respuesta gubernamental.
