IMPACTO PANAMÁ
La investigación conocida como Operación Pandora vuelve a poner bajo la lupa la seguridad del sistema tributario panameño y el manejo de créditos fiscales dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI). De acuerdo con la auditoría interna citada en el expediente, una red habría manipulado el sistema e-Tax 2.0 para anular y ceder créditos fiscales pertenecientes a varios contribuyentes, generando una lesión patrimonial estimada en aproximadamente 40 millones de dólares.
Según la información incluida en la Resolución 16 del 7 de julio de 2026, firmada por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Dagoberto Alvarado, al menos ocho contribuyentes resultaron afectados por esta modalidad. Entre ellos figuran Thunderbird Resorts Inc., Inchape Inversiones España S.A., Consalfa S.A.S., Leemart Property Ltd., National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, The Shell Co. W. Limited, Enel Investment Holding B.V. y Citibank Overseas Investment Corporation.
La auditoría interna calcula que a través de estas operaciones se anularon créditos fiscales por 30.5 millones de dólares, mientras que la fiscalía estima que el perjuicio total al Estado rondaría los 40 millones de dólares entre 2022 y mayo de 2025.
Uno de los elementos más sensibles del caso es que, según un informe de auditoría interna fechado el 9 de octubre de 2025, el 93% de las cesiones habría tenido como beneficiario final a BAC International Bank Inc. Este dato coloca al banco en el centro del debate público, aunque la información disponible no precisa si la entidad conocía el origen irregular de las cesiones o si actuó de buena fe dentro del proceso.
El mecanismo: cambiar datos en el e-Tax 2.0
La investigación describe un mecanismo que, según los hallazgos, no habría requerido maniobras sofisticadas, sino acceso interno al sistema y manipulación de datos básicos de los contribuyentes.
El procedimiento consistía en que funcionarios de la DGI, utilizando sus claves de usuario, modificaban información esencial dentro del sistema e-Tax 2.0, como correos electrónicos, números de contacto y nombres de representantes legales. Una vez alterados esos datos, los impostores podían solicitar la cesión de créditos fiscales y recibir las notificaciones del trámite en correos controlados por personas vinculadas a la red, mientras el verdadero contribuyente quedaba al margen del proceso.
Uno de los casos mencionados es el de Krishel Investment, Inc., sociedad vigente que presentó una denuncia administrativa y posteriormente se adhirió a la causa penal como querellante. Aunque su apoderado es Jorge Luis Díaz Núñez y su agente residente es la firma Vallarino, Vallarino y García Marítano, en los registros de la DGI aparecía como contacto un número telefónico vinculado al abogado Jercovick Joyner, relacionado con firmas que, según el expediente, aparecen dentro del esquema de sociedades intermediarias.
Citibank Overseas: el mayor monto afectado
Entre los contribuyentes afectados, el caso de Citibank Overseas Investment Corporation sería el de mayor cuantía. Según el expediente, su representante legal era Michael Brisogne, pero en el sistema de la DGI una funcionaria habría eliminado ese nombre y colocado en su lugar a Dagoberto Segundo Díaz.
Posteriormente, Díaz, actuando supuestamente como representante legal de Citibank Overseas, habría presentado ante la DGI un documento de “mutuo acuerdo” para transferir créditos fiscales por 14.8 millones de dólares a sociedades intermediarias. La transacción, de acuerdo con la investigación, fue tramitada por otra funcionaria y autorizada por Eduardo Silvestre, entonces jefe del Departamento de Cuenta Corriente de la DGI.
Antes de completarse la operación, se habría solicitado una corrección para que 2 millones de dólares fueran transferidos a Bonay International Investments, una de las sociedades señaladas dentro de la estructura utilizada por la red.
Tres grandes afectados y un beneficiario final predominante
Aunque la investigación menciona ocho contribuyentes afectados, tres casos concentran montos particularmente relevantes: Citibank Overseas Investment Corporation, con 14.8 millones de dólares; Enel Investment Holding B.V., con 8 millones de dólares; y Thunderbird Resorts Inc., con 2.3 millones de dólares.
A ellos se suman otros créditos fiscales presuntamente sustraídos o cedidos irregularmente: Inchape Inversiones España S.L., por 1 millón de dólares; Consalfa S.A.S., por 1.8 millones; Leemart Property Ltd., por 701,104 dólares; National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, por 96,135 dólares; y The Shell Co. W. Limited, por 1.7 millones de dólares.
El señalamiento más llamativo sigue siendo que, según la auditoría interna, la mayoría de las cesiones habría terminado beneficiando a BAC International Bank Inc., lo que plantea interrogantes sobre los controles de debida diligencia, trazabilidad y verificación en operaciones de créditos fiscales de alto valor.
Sociedades intermediarias y funcionarios bajo investigación
La red habría utilizado de manera recurrente sociedades intermediarias para canalizar los créditos fiscales. Entre ellas se mencionan Inmobiliaria Riverside, S.A., Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A., La Naranja BP, S.A., Master Eco Green, S.A., Bonay International Investments Inc. y Bonay International Holding, S.A.
Según el expediente, varios de los representantes, abogados y personas vinculadas a estas sociedades fueron aprehendidos dentro de la Operación Pandora. Otros se mantienen imputados o colaboran con la fiscalía, mientras algunos señalados no han sido localizados.
La auditoría interna de la DGI concluyó que las cesiones revisadas eran improcedentes e ilegítimas, al no haber pasado por los procesos de revisión y supervisión correspondientes ni contar con evidencias de autorización mediante resolución motivada del director de la DGI.
Un golpe a la confianza en el sistema tributario
Más allá de los nombres, bancos, sociedades y funcionarios señalados, el caso Pandora expone una falla crítica: la vulnerabilidad de los sistemas públicos cuando los controles internos pueden ser alterados desde adentro.
Si un crédito fiscal puede ser cambiado de manos mediante la modificación de correos, contactos y representantes legales en una plataforma oficial, el problema no es únicamente penal. También es institucional, tecnológico y administrativo.
La investigación todavía debe avanzar, establecer responsabilidades individuales y determinar qué actores participaron conscientemente, quiénes se beneficiaron y qué controles fallaron. Pero el daño reputacional ya está planteado: contribuyentes afectados, millones de dólares en créditos fiscales bajo sospecha y un sistema tributario obligado a demostrar que puede proteger la información y los derechos de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
La Operación Pandora abre una pregunta inevitable: ¿quiénes fueron realmente los afectados, quiénes facilitaron el esquema y quién terminó beneficiándose del dinero público?
