IMPACTO PANAMÁ
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El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha desembolsado aproximadamente 24 millones de dólares en alquileres a Plaza Edison desde 2001, según reveló el ministro Julio Moltó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Décadas de pagos millonarios
La propiedad, vinculada a los empresarios Mauricio y Edmundo Esses a través de las empresas Edison Plaza S.A. y Subic Investment Corp., ha albergado las oficinas principales del MICI por más de dos décadas.
El ministerio alquila actualmente dos áreas en el complejo:
- 6,630 metros cuadrados con 165 estacionamientos
- 1,589 metros cuadrados con 40 estacionamientos
Ambos espacios se arriendan a un costo de 10 dólares por metro cuadrado.
Cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos
Durante la sustentación de una solicitud de traslado de partidas por 1.1 millones de dólares para cubrir gastos de alquiler correspondientes a 2023, el diputado Jonathan Vega cuestionó esta prolongada dependencia del MICI en espacios alquilados.
«En lugar de continuar con estos pagos millonarios, se debería considerar la construcción o adquisición de una sede propia para el ministerio», sugirió Vega, quien argumentó que a largo plazo resultaría más económico y beneficioso para el Estado panameño.
No solo el MICI alquila en Plaza Edison
La situación se agrava al considerar que otras entidades estatales también arriendan espacios en el mismo complejo. En noviembre de 2019, el Órgano Judicial licitó, por contratación directa, el alquiler de 12 locales en Plaza Edison por un periodo de tres años, con un monto total de 2.09 millones de dólares.
Llamados a una revisión de contratos
Estos datos han generado preocupación sobre el uso eficiente de los recursos públicos y plantean interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la gestión de contratos de alquiler.
Expertos en gestión pública señalan que la falta de planificación a largo plazo y la ausencia de políticas orientadas a la adquisición de propiedades estatales han llevado a una dependencia excesiva en alquileres que benefician principalmente a empresas privadas.
Voces críticas sugieren que la construcción de una ciudad gubernamental propia podría ser una solución viable para evitar seguir destinando fondos públicos a beneficio de particulares, garantizando así una administración más transparente y eficiente de los recursos del Estado panameño.
