La ciudadanía tiene que abrir bien los ojos. Una supuesta licitación “internacional” para la recolección de basura en la ciudad capital —anunciada como muestra de apertura y modernización— podría ser, en realidad, un traje a la medida para beneficiar a un operador local.
Y lo más grave: se está intentando disfrazar de legal y transparente, lo que podría ser un procedimiento cerrado, excluyente y engañoso.
Los detalles del pliego de condiciones han empezado a revelar lo que muchos temían: una serie de obstáculos técnicos, legales y administrativos que eliminan de entrada a cualquier competidor extranjero, a pesar del discurso oficial de apertura global.
Uno de los puntos más alarmantes:
El requisito de contar con permiso previo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para operar. ¿Qué empresa internacional, sin presencia en Panamá, podría cumplir con ese requisito? Es simple: ninguna.
Otro candado disfrazado: la exigencia de programas comunitarios de reciclaje ya implementados en Panamá. ¿Cómo puede una empresa extranjera presentar evidencia de algo que solo puede tener una compañía ya operando aquí?
Y para añadir más sospechas, los costos por tonelada varían inexplicablemente dentro del mismo pliego, sin estudios técnicos que respalden las cifras. ¿Error o manipulación? Las señales apuntan a lo segundo.
¿A quién favorece realmente esta licitación? ¿Por qué excluir a la competencia real si de verdad queremos un mejor servicio? Estas son preguntas que no solo los periodistas, sino cada ciudadano consciente debe hacerse.
Y más aún: ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están los veedores? ¿Dónde está la ciudadanía organizada para levantar la voz?
Este no es un simple contrato: se trata del manejo de los residuos de toda la ciudad capital, un negocio multimillonario, con implicaciones ambientales, de salud y de imagen urbana.
Desde Impacto Noticias hacemos un llamado a la Contraloría General de la República, a las asociaciones cívicas, al Colegio Nacional de Abogados y a las organizaciones ambientales para que se activen como fiscales ciudadanos y exijan transparencia total:
- Publicación inmediata de todos los anexos y fundamentos técnicos del pliego.
- Revisión legal del proceso por posibles violaciones al principio de competencia.
- Investigación profunda sobre los posibles intereses económicos y políticos detrás de esta convocatoria.
Panamá no puede seguir tolerando licitaciones simuladas, disfrazadas de modernización, que en el fondo esconden negocios cerrados y pactados entre pocos.
Hoy es la basura. Mañana puede ser el agua, la salud o la educación.
La vigilancia ciudadana es el único antídoto contra la corrupción sistémica.