IMPACTO PANAMÁ
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El fiscal especial Jack Smith solicitó este lunes a un juez federal desestimar el caso que acusaba al presidente electo Donald Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020. Smith argumentó que la política del Departamento de Justicia de Estados Unidos protege a los presidentes en funciones de ser procesados judicialmente.
Fin de un proceso histórico
Esta decisión pone fin al esfuerzo sin precedentes del Departamento de Justicia por responsabilizar a Trump por lo que calificaron como una conspiración criminal que culminó con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Según documentos judiciales presentados, el equipo de fiscales concluyó que la Constitución impide procesar al presidente antes de asumir el cargo.
Steven Cheung, director de comunicaciones de Trump, calificó la decisión como una «gran victoria» para el expresidente y el Estado de derecho. Trump, por su parte, ha insistido en que las acusaciones tienen motivaciones políticas y ha prometido despedir al fiscal especial Smith una vez asuma la presidencia.
Argumentos legales y reacciones
El caso, presentado en 2022, era visto como una amenaza significativa para el retorno de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad procesal, lo que complicó el avance de las acusaciones. En julio, el caso fue devuelto a la jueza de distrito Tanya Chutkan para evaluar si alguna acusación podía proceder.
En las semanas previas a las elecciones de este año, los fiscales habían presentado nuevas pruebas contra Trump. Sin embargo, el contexto legal y político, sumado a la reciente victoria electoral de Trump, complicaron las posibilidades de un juicio en su contra.
Contexto y futuro
El equipo de Smith también ha dejado de lado un caso relacionado con documentos confidenciales encontrados en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida. Estos casos destacaban como ejemplos de los límites legales que enfrenta el Departamento de Justicia al tratar con expresidentes y presidentes en funciones.
La decisión subraya un precedente histórico: ningún presidente en funciones ha sido procesado por el Departamento de Justicia. Esta situación plantea interrogantes sobre cómo se deben abordar futuras investigaciones contra líderes en funciones.
