IMPACTO PANAMÁ
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La historia no perdona a quienes, con cinismo o codicia, toman lo que fue una conquista del pueblo y lo convierten en un instrumento de saqueo. El más reciente escándalo revelado por la Contraloría General de la República, bajo la administración del nuevo contralor Anel Flores, pone en evidencia uno de los mayores fraudes políticos y morales del gobierno pasado: el abuso de la descentralización.
Lo que debió ser una herramienta para empoderar a las comunidades desde sus corregimientos, terminó convertido en una red clientelista, disfrazada de “desarrollo local”, donde el dinero del pueblo fue entregado como si fuese patrimonio privado, a cambio de favores, lealtades y votos.
Los millones del silencio
Según el contralor Flores, las auditorías realizadas a más de 72 juntas comunales en su primera fase han revelado irregularidades millonarias, con hallazgos que van desde $300 mil hasta varios millones de dólares por caso. Dinero que debía servir para aceras, agua potable, calles, salud comunitaria, y que terminó desvaneciéndose en el humo de la politiquería corrupta.
La mayoría de estos fondos —como ya sabíamos y ahora se confirma— fueron dirigidos a estructuras controladas por diputados influyentes del PRD, quienes durante el quinquenio pasado convirtieron la Autoridad Nacional de Descentralización en su caja menuda electoral. Una descentralización paralela operada desde lo oscuro, con criterios políticos, sin fiscalización real, sin impacto social duradero.
Y aunque la Contraloría aún no ha revelado el nombre de las juntas comunales señaladas, el hedor es inconfundible. Se sabe quiénes se beneficiaron. Se sabe quién firmaba. Se sabe quién gobernaba.
¿Y dónde está Gaby Carrizo?
¿Dónde está José Gabriel Carrizo, el ex vicepresidente y jefe del equipo político del gobierno de Cortizo? ¿Dónde está el rostro más visible de ese “gobiernito” que prometía transformaciones y terminó dilapidando el sueño popular de Omar Torrijos?
Fue Carrizo, como figura clave del PRD, quien respaldó y promovió esa red clientelar que usó la descentralización como arma electoral y botín político. Fue él quien durante cinco años alimentó un aparato paralelo de poder, sin escrúpulos, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Hoy, cuando los auditores comienzan a levantar las piedras, Carrizo no aparece ni da explicaciones. Su silencio es más revelador que cualquier confesión.
La hora de la verdad
Este escándalo no debe quedarse en la espuma mediática. El país exige que el Ministerio Público actúe con contundencia. No se trata solo de castigar a “peces pequeños” en juntas comunales rurales. El dinero no se repartía solo. Las órdenes venían de arriba.
El mensaje de la Contraloría al entregar estas auditorías debe ser respaldado por procesos penales ejemplares, donde no se proteja a nadie por su apellido, su partido o su pasado presidencial. El poder no da inmunidad ante la justicia.
El Legado de Omar, traicionado
La descentralización fue uno de los pilares del pensamiento torrijista: llevar el poder a la gente, al barrio, al corregimiento. Lo que hoy estamos viendo es una traición directa a ese legado. Lo que fue una visión de justicia territorial y desarrollo comunitario, lo convirtieron en un asalto impune desde las alturas del poder.
El pueblo no olvidará. Y tampoco debe perdonar. Porque cuando se roban los recursos públicos, se roba la salud, la educación, el futuro de los más pobres. Y cuando se mancilla un principio noble como la descentralización, se destruye el alma misma de la democracia participativa.
¿Y ahora qué?
El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica: reivindicar la descentralización con transparencia, planificación y control. No puede seguir funcionando como un canal de clientelismo disfrazado de desarrollo local.
Y el pueblo tiene una tarea urgente: fiscalizar, preguntar, no dejarse engañar otra vez. Porque este país no aguanta más “gobiernitos” de cartón que venden patria y compran poder con el dinero que le pertenece a todos.
La justicia empieza cuando se señalan a los verdaderos responsables.
Y si Gaby Carrizo está entre ellos, Panamá tiene derecho a saberlo.
