IMPACTO PANAMÁ
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La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, enfrenta una creciente ola de críticas y cuestionamientos que han puesto en jaque su administración municipal. Los conflictos, que van desde despidos masivos hasta denuncias penales, han generado un clima de inestabilidad en uno de los distritos más poblados de Panamá.
El punto de inflexión llegó apenas dos semanas después de su toma de posesión, cuando Peñalba ordenó la destitución de 150 funcionarios municipales, una decisión que desató protestas inmediatas. Los exempleados, que continúan exigiendo el pago de sus prestaciones laborales, han mantenido manifestaciones frente a la sede municipal.
Las tensiones alcanzaron un nuevo nivel cuando se reveló un polémico «préstamo administrativo» de $10,000 otorgado al vicealcalde Oliver Ríos, situación que derivó en una denuncia penal por presunta asociación ilícita. Este incidente se suma a las acusaciones sobre un supuesto doble salario percibido por la alcaldesa, alegaciones que ella ha rechazado categóricamente.
La controversia se ha extendido al ámbito legislativo local, donde Peñalba impulsó un aumento en los gastos de representación de los ediles. Además, ha implementado decretos municipales que establecen multas por conductas ciudadanas como no portar cédula o permitir el ruido excesivo de mascotas, medidas que han sido cuestionadas por su posible inconstitucionalidad.
En respuesta a la crisis, un grupo de ciudadanos ha iniciado los trámites para una revocatoria de mandato contra la alcaldesa y el vicealcalde. Por su parte, Peñalba ha intentado contrarrestar las críticas con iniciativas como la plataforma ‘ADN Ciudadano’, aunque hasta el momento no ha logrado calmar el descontento popular.
La situación en Arraiján se ha convertido en un caso emblemático de los desafíos que enfrenta la gestión municipal en Panamá, poniendo de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y diálogo en la administración pública local.
