Una Comisión Internacional Investigadora de la ONU ha acusado formalmente a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad en Ucrania, específicamente relacionados con el traslado forzoso de población civil desde territorios ocupados o en disputa. La acusación se centra en la estrategia rusa de infundir terror entre los habitantes para obligarlos a abandonar sus hogares, consolidando así el control sobre las áreas ocupadas.
Erik Mose, presidente de la Comisión, presentó las conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacando que los ataques con drones y las deportaciones forzadas son parte de un esfuerzo coordinado y organizado por las autoridades rusas para expandir su territorio y afianzar su dominio en Ucrania. Según la investigación, las fuerzas rusas han atacado deliberadamente a civiles en áreas que se extienden por más de 300 kilómetros a lo largo del río Dniéper, incluyendo las provincias de Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv.
Los ataques se dirigen contra civiles que se desplazan a pie o en transporte, así como contra infraestructura civil esencial, como viviendas y edificios públicos. La Comisión ha documentado el uso de drones para observar y seguir a las víctimas en tiempo real, lanzando explosivos contra ellas. Además, canales de Telegram vinculados a unidades de las fuerzas armadas rusas han difundido videos de civiles asesinados o heridos, lo que constituye un crimen de guerra.
Mose también denunció que los drones han sido utilizados para atacar a socorristas, ambulancias y camiones de bomberos, impidiendo la asistencia a las víctimas de los ataques. La principal causa de bajas civiles sigue siendo el uso de armas explosivas en áreas pobladas, con un aumento significativo del 40% en comparación con el año anterior.
En un incidente separado, la Fuerza Aérea de Ucrania informó sobre el derribo de 132 drones rusos durante un ataque nocturno. Sin embargo, nueve drones lograron impactar en siete ubicaciones diferentes. En Zaporiyia, un ataque con bombas guiadas causó la muerte de tres personas. Ivan Fedorov, responsable de la Administración Regional de Zaporiyia, describió el ataque como un acto de terrorismo deliberado contra una ciudad pacífica y sus habitantes, señalando que los objetivos no tenían relación con infraestructura militar.
La ONU y Ucrania han condenado enérgicamente estos actos, instando a la comunidad internacional a tomar medidas para responsabilizar a Rusia por sus acciones. La situación en Ucrania sigue siendo crítica, con continuos ataques y violaciones de los derechos humanos que afectan gravemente a la población civil.