IMPACTO PANAMÁ
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La reciente impugnación presentada en el Circuito 1-1 contra el diputado Benicio Robinson ha generado un debate significativo sobre la necesidad de ajustes en la Ley Electoral en materia de impugnaciones. Ubaldo Vallejos, el impugnante, ha apelado la decisión inicial del Tribunal Electoral que desestimó su caso por falta de pruebas documentales.
Vallejos acusa a Robinson de superar el tope económico permitido durante la campaña, pero no ha presentado evidencia concreta que respalde su afirmación. La apelación, que muchos ven como un intento de prolongar el proceso y retrasar la constitución de la bancada del PRD y la Directiva de la Asamblea, parece carecer de fundamentos jurídicos sólidos.
Además, la manera en que Vallejos ha recaudado los fondos necesarios para la impugnación, mediante una recolecta pública vía Jappy, ha sido cuestionada y denunciada por posible lavado de dinero. Este hecho agrava aún más la percepción de que la apelación es un abuso del derecho a impugnar, causando costos innecesarios y desperdiciando recursos del Tribunal Electoral.
Expertos y analistas coinciden en que es imperativo que el Tribunal no solo rechace la apelación de manera expedita, sino que también tome medidas disciplinarias contra los responsables de esta apelación sin sustento. Se hace un llamado a los magistrados para que reevalúen las disposiciones actuales de la Ley Electoral y consideren penalizar el abuso de este derecho para evitar futuras controversias similares.
