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Audiencia de Imputación por Peculado a Beneficiarios de Auxilios Económicos del IFARHU

Audiencia de Imputación por Peculado a Beneficiarios de Auxilios Económicos del IFARHU

El juez de garantías Edgar Rodríguez dio inicio a la audiencia de imputación contra ocho personas investigadas por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el otorgamiento irregular de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). La audiencia se realizó en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

De los 12 indicados que habían sido convocados, cuatro no comparecieron. Dos de ellos se encuentran fuera del país completando sus estudios, uno presentó una excusa por problemas de salud, y el último no justificó su ausencia.

El Ministerio Público, representado por los fiscales anticorrupción Azucena Aizpurúa y Argo Hyman, centra su investigación en personas que recibieron auxilios económicos a pesar de poseer un alto nivel económico que les permitía cubrir los gastos de sus estudios. Este hecho sugiere una posible malversación de fondos públicos.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, la lesión patrimonial en este caso asciende a $24 millones, según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República. La magnitud de esta cifra subraya la gravedad de las acusaciones y el impacto potencial en las finanzas del Estado.

La audiencia ha generado gran expectación, con figuras públicas como Jean Modelo y Félix Moulanier, presentes en el SPA en relación con el caso de los auxilios económicos. Su presencia destaca la relevancia política y social del proceso.

El caso del IFARHU ha sido objeto de controversia y escrutinio público, especialmente en lo que respecta a la transparencia en la asignación de los auxilios económicos. Las investigaciones buscan esclarecer si los fondos fueron otorgados de manera justa y conforme a la ley, o si hubo irregularidades que ameriten sanciones penales.

Este proceso judicial continúa desarrollándose, y se espera que en las próximas etapas se presenten más detalles sobre las pruebas y los argumentos de las partes involucradas. La resolución de este caso tendrá un impacto significativo en la percepción pública sobre la gestión de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción en Panamá.

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