IMPACTO PANAMÁ
Panamá no está frente a una simple irregularidad administrativa. La Operación Pandora investiga una presunta estructura que habría manipulado el sistema E-Tax de la Dirección General de Ingresos para crear, transferir y comercializar créditos fiscales por más de 40 millones de dólares. Las autoridades aprehendieron inicialmente a 16 personas, entre ellas nueve funcionarios de la DGI, un exfuncionario y varios particulares.
Pero la pregunta que quema no es únicamente quién alteró el sistema desde adentro. La verdadera interrogante es: ¿quiénes recibieron, compraron, utilizaron o se beneficiaron de esos créditos fiscales?
El expresidente Ricardo Martinelli lanzó este domingo una acusación pública contra Ramón Alberto Chiari Brin, identificado en el documento divulgado como representante de BAC International Bank, Inc. Martinelli afirmó que un alto ejecutivo de un banco colombiano estaría relacionado con las operaciones investigadas y que intentaría evitar que su nombre fuese mencionado.
El documento difundido muestra una cesión de créditos fiscales por B/.10,877,069.94, fechada el 11 de septiembre de 2024, entre Bonay International Inc. y BAC International Bank, Inc. Sin embargo, la existencia de ese contrato, por sí sola, no demuestra la comisión de un delito ni acredita responsabilidad penal de sus firmantes. Corresponde al Ministerio Público determinar si esos créditos eran legítimos, cómo fueron generados y si guardan relación con la presunta manipulación investigada.
Aquí no puede haber intocables.
Si funcionarios alteraron información tributaria, alguien dio las órdenes, alguien presentó los documentos, alguien compró los créditos y alguien recibió el beneficio económico. Una operación de semejante magnitud difícilmente podría ejecutarse únicamente desde un escritorio de la DGI, sin intermediarios, empresarios, asesores financieros y posibles facilitadores.
El periodista Álvaro Alvarado también advirtió públicamente que el mensaje de Martinelli podría abrir una verdadera “caja de Pandora”. Según su denuncia, alrededor del gerente bancario aparecerían colaboradores, un empresario vinculado al PRD y un político del mismo partido. Además, dejó entrever que podrían surgir nuevas operaciones relacionadas con créditos fiscales deportivos.
Por ahora, son señalamientos públicos que deben ser investigados y no condenas judiciales. Pero ignorarlos sería irresponsable.
Panamá necesita conocer la ruta completa: quién creó los créditos, quién certificó su validez, quién los vendió, quién los compró y dónde terminó cada centavo. También debe aclararse si existieron otras modalidades —incluidos créditos vinculados con actividades deportivas— utilizadas para sacar dinero del Estado bajo una apariencia de legalidad.
Pandora no puede terminar con funcionarios de segunda línea esposados mientras los verdaderos beneficiarios observan el espectáculo desde oficinas refrigeradas.
La justicia debe seguir el dinero, aunque ese camino conduzca hasta bancos, empresarios, políticos o figuras consideradas poderosas. Porque los 40 millones no desaparecieron: cambiaron de manos. Y Panamá tiene derecho a saber en cuáles.
