IMPACTO PANAMÁ
Hay cifras que estremecen. Hay coincidencias que inquietan. Y hay silencios que, con el paso del tiempo, terminan pesando más que cualquier discurso político.
Siete dirigentes vinculados al Partido Revolucionario Democrático (PRD) han perdido la vida de forma violenta en los últimos siete años. Representantes de corregimiento, exdiputados, activistas y dirigentes que, en distintos momentos, fueron asesinados por sicarios o murieron en circunstancias que siguen generando preguntas. Cada expediente tiene su propia historia. Cada investigación tiene sus propias conclusiones. Sin embargo, cuando los nombres se acumulan en una misma lista, la sociedad tiene derecho a preguntarse si realmente estamos frente a hechos aislados.
El caso más reciente, el del representante de Barrio Colón, Héctor Sambrano, vuelve a colocar el tema sobre la mesa nacional. La Fiscalía investiga las causas de su muerte y ha informado preliminarmente que se presume una asfixia mecánica, mientras los peritos continúan las diligencias correspondientes. Paralelamente, Sambrano enfrentaba un proceso judicial relacionado con el caso de los auxilios económicos del IFARHU, donde mantenía medidas cautelares. Son hechos objetivos que forman parte del expediente público. Lo demás pertenece al terreno de la investigación y no de las conclusiones anticipadas.
Pero Sambrano no es el único nombre.
Antes estuvieron Juan Ruperto De Gracia, Diego Rolando Mejía Sandoya, César «Pelé» Caballero, Agustín Lara, Diógenes «Yoyi» Vergara y Wendy «Bono» Rodríguez. Todos ligados al PRD. Todos víctimas de hechos violentos que marcaron a sus comunidades y dejaron preguntas abiertas entre militantes, familiares y ciudadanos.
¿Existe algún patrón?
Esa es precisamente la pregunta que merece ser formulada, sin convertirla en una afirmación. El periodismo serio no acusa sin pruebas, pero tampoco puede ignorar cuando una secuencia de acontecimientos rompe cualquier sensación de normalidad.
La política, especialmente en América Latina, ha convivido históricamente con intereses económicos, luchas territoriales, rivalidades personales, estructuras criminales y conflictos de poder. En ocasiones, esas fronteras terminan mezclándose peligrosamente. Pensar que todos los asesinatos de dirigentes públicos responden exclusivamente a una misma causa sería irresponsable. Pero asumir automáticamente que ninguno guarda relación entre sí también sería un ejercicio de ingenuidad.
Cada uno de estos casos merece ser investigado hasta las últimas consecuencias. No solo para encontrar responsables materiales, sino para determinar si detrás existe algún hilo conductor que todavía permanece oculto.
Porque cuando un dirigente político es asesinado, no solamente pierde la vida una persona. También se hiere la confianza de una comunidad que depositó en él su representación democrática.
La violencia nunca puede convertirse en un mecanismo para resolver diferencias políticas, económicas o personales. Si algún caso estuvo vinculado al crimen organizado, debe demostrarse en los tribunales. Si alguno obedeció a conflictos particulares, también debe quedar plenamente acreditado. Y si alguno escondiera motivaciones de otra naturaleza, el país tiene derecho a conocer la verdad.
Lo más peligroso para una democracia no son únicamente los asesinatos.
Es acostumbrarse a ellos.
Hoy la pregunta sigue abierta.
¿Estamos frente a siete tragedias independientes… o existe una historia más profunda que Panamá aún no conoce?
La respuesta no debe construirse con rumores ni con intereses políticos.
Debe surgir de investigaciones completas, transparentes y capaces de disipar cualquier duda.
Porque cuando la verdad tarda demasiado en llegar, inevitablemente las conjeturas ocupan su lugar.
Editorial de Impacto escrito por su Director Aldo López Tirone
