IMPACTO PANAMÁ
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Error administrativo retrasa proceso judicial
La audiencia de imputación contra varios estudiantes beneficiados con auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) fue suspendida y reprogramada para el próximo 11 de noviembre, debido a un error interno de la Oficina Judicial.
La diligencia estaba prevista para este viernes a las 8:30 a.m. en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, pero según informaron las autoridades, no se convocó a un juez de garantías ni se asignó una sala, por lo que no se pudo realizar el acto procesal.
“No estaba en la agenda de la Oficina Judicial. Esto quiere decir que no tenía ni sala ni juez asignado”, explicaron los funcionarios judiciales.
Tres de los 13 investigados acudieron a la cita
Durante la breve sesión, en la que solo se definió la nueva fecha, estuvieron presentes tres de los 13 estudiantes llamados a comparecer, entre ellos un modelo e influencer que habría recibido más de 24 mil dólares en concepto de auxilios.
El joven evitó responder a las preguntas de los medios sobre el uso del dinero, su titulación y la documentación que respaldara el destino de los fondos recibidos.
La nueva audiencia fue fijada para el 13 de noviembre a las 8:30 a.m. en la sala 2 del Sistema Penal Acusatorio.
Investigación por presunto peculado
El caso forma parte del proceso que adelanta la Fiscalía Anticorrupción, que busca determinar el uso de los recursos otorgados durante la gestión del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien actualmente se encuentra detenido.
En total, 28 beneficiarios están bajo investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, incluyendo peculado y peculado por extensión. De ellos, nueve ya han sido imputados.
De acuerdo con el informe de auditoría, la lesión al erario público supera los 24 millones de dólares, derivada de asignaciones irregulares a través del programa de auxilios económicos y becas.
Reclamos por supuesta selectividad
Algunos abogados defensores han cuestionado la selección de los investigados, señalando que el proceso podría ser selectivo.
“Aquí hubo beneficiarios que recibieron más de $200,000 y no están siendo investigados. La justicia no puede ser selectiva”, manifestó uno de los abogados.
Esta sería la cuarta audiencia vinculada al caso, cuyo objetivo es determinar si los estudiantes usaron los fondos conforme a los contratos y si realmente cursaron los estudios comprometidos.
