En un giro inesperado, un jurado en Delaware ha declarado culpable a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, de tres delitos federales relacionados con la posesión ilegal de un arma de fuego. Este veredicto marca un punto de inflexión en el caso que ha captado la atención nacional y ha puesto en el centro del debate temas como las adicciones y la transparencia en la adquisición de armas.
Los cargos contra Hunter Biden se derivan de haber mentido en un formulario de solicitud al negar su consumo de drogas cuando compró un revólver en 2018. Este acto constituye un delito federal que podría acarrear hasta 10 años de prisión por cargo, lo que significa que Hunter Biden enfrenta una posible condena máxima de 25 años de prisión.
Sin embargo, el presidente Biden ha descartado indultar a su hijo si es condenado, dejando la decisión final en manos de la jueza Maryellen Noreika. La sentencia podría tardar hasta 120 días, y aunque Hunter Biden no tiene antecedentes penales, la condena podría ser menor o incluso evitar la cárcel.
Este caso ha puesto de relieve la importancia de abordar las adicciones y garantizar la transparencia en el proceso de adquisición de armas de fuego. Además, ha generado un debate sobre la separación entre los asuntos familiares y las responsabilidades presidenciales.
A medida que avanza el proceso legal, la atención se centra en las implicaciones de este veredicto para la familia Biden y su impacto en la campaña de reelección del presidente. Mientras tanto, Hunter Biden y su equipo legal preparan su defensa y esperan una sentencia justa.