IMPACTO PANAMÁ
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Río de Janeiro vivió una jornada de extrema violencia este martes, con un saldo estremecedor de al menos 60 muertos tras una serie de operativos policiales dirigidos contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. La operación, que desplegó helicópteros, vehículos blindados y drones en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas de la ciudad, también dejó más de 80 detenidos y una profunda sensación de inseguridad entre los residentes.
Desde las primeras horas del día, las fuerzas de seguridad tomaron el control de las principales vías de acceso a las favelas, bloqueando autopistas y cerrando avenidas estratégicas. Helicópteros sobrevolaron la zona desde la noche anterior, mientras que vehículos blindados se abrían paso entre barricadas de neumáticos incendiados. Drones equipados con tecnología de reconocimiento y ataque guiaron el avance de los 2.500 agentes que participaron en la operación, quienes se adentraron en las estrechas callejuelas de Alemão y Penha.
El objetivo principal de la operación era Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, identificado por la fiscalía como el jefe regional del Comando Vermelho en el complejo de favelas de Penha. Doca, nacido en Paraíba en 1970, tiene un extenso historial criminal con más de cien causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal. Se le vincula con la coordinación del negocio del narcotráfico en Vila Cruzeiro y Morro do Sao Simao, así como con ataques a delegaciones policiales ocurridos en 2025. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100.000 reales (aproximadamente 17.500 dólares) por información que conduzca a su captura.
El Comando Vermelho, nacido en 1979 en una cárcel de Río de Janeiro, se ha convertido en una estructura criminal de alcance nacional, considerada una de las dos organizaciones más grandes de Brasil. Su poder se basa en una red descentralizada que incluye capos encarcelados, lugartenientes en las favelas, soldados que controlan los puntos de venta de drogas y una sofisticada red de lavado de dinero. Más allá del narcotráfico, el Comando Vermelho ejerce un control territorial en barrios donde la presencia del Estado es históricamente limitada.
La fiscalía coordinadora del combate al crimen organizado considera que el complejo de Penha y Alemão es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, debido a su proximidad a importantes autopistas y accesos logísticos de la ciudad. El gobernador del estado, Cláudio Castro, describió la situación como una “guerra” y lamentó que Río de Janeiro esté “sola en este enfrentamiento”, señalando que el narcotráfico dispone de armamento proporcionado por redes internacionales y que las Fuerzas Armadas han rechazado su solicitud de apoyo.
La violencia ha transformado la vida cotidiana de los habitantes del norte de Río, quienes han sido testigos de escenas propias de un conflicto bélico: tiroteos constantes, lanzamiento de granadas desde drones, desvío de autobuses y la interrupción de servicios públicos que afectó a más de 200.000 personas. Las clases fueron suspendidas en 45 centros educativos y doce líneas de autobuses modificaron sus rutas. La situación ha generado tensión, miedo y parálisis entre los residentes de Alemão y Penha, con comercios cerrados, transporte público inexistente y aulas vacías.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas operaciones en la población civil, alertando sobre la difusa línea entre el combate al crimen organizado y la vulneración de los derechos ciudadanos. Human Rights Watch ya había advertido sobre un proyecto de ley aprobado en Río que establece incentivos económicos para que la policía dispare a sospechosos, lo que podría fomentar el uso excesivo de la fuerza. Investigaciones anteriores han denunciado que muchas muertes en enfrentamientos oficiales no son combates legítimos, sino ejecuciones extrajudiciales, con policías que manipulan la escena para ocultar responsabilidades.
La operación continúa en desarrollo, y el balance final aún está por verse. El futuro de la misión dependerá de la capacidad del Estado para no solo capturar capos e incautar armas, sino también para reducir la violencia, investigar las muertes y reconstruir el tejido social en zonas históricamente abandonadas. Sin estas medidas, el ciclo de violencia persistirá.
