IMPACTO PANAMÁ
En un acto que busca fortalecer los pilares de la transparencia y la rendición de cuentas en el país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó este martes su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
El documento fue entregado personalmente por el mandatario a la directora general de la institución, Sheyla Castillo de Arias, durante una reunión de trabajo celebrada en el Palacio de Las Garzas.
Cumplimiento de la Ley 316 de 2022
Esta acción no es solo un gesto de buena voluntad, sino un mandato legal estricto. La Ley 316 de 2022 regula el conflicto de intereses en la función pública panameña. Esta normativa exige que los servidores públicos y otros «sujetos obligados» presenten de forma anual una relación detallada de sus intereses particulares.
El objetivo principal de esta ley es garantizar la transparencia, objetividad y honestidad en el ejercicio de las funciones públicas, permitiendo que la ciudadanía y los entes reguladores identifiquen posibles situaciones donde los intereses personales de un funcionario puedan entrar en conflicto con el bienestar general.
El Gabinete se suma a la rendición de cuentas
El presidente Mulino no fue el único en cumplir con este requisito. Siguiendo la línea de probidad trazada por el Ejecutivo, figuras clave del Gabinete también presentaron sus declaraciones, entre ellos:
- Juan Carlos Orillac, Ministro de la Presidencia.
- Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas (MEF).
Con estas acciones, la administración actual busca reafirmar su compromiso con el «buen gobierno» y establecer un precedente de cumplimiento normativo desde los niveles más altos de la jerarquía estatal.
El rol de la ANTAI
Como ente rector, la ANTAI es la institución encargada de velar por el cumplimiento, custodia y aplicación de esta normativa. La presentación de estas declaraciones permite a la autoridad supervisar que las decisiones gubernamentales se tomen bajo principios de integridad, minimizando los riesgos de corrupción y tráfico de influencias.
