IMPACTO PANAMÁ
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El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, en representación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, participó en la segunda reunión ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Este evento reafirma el compromiso de Panamá en combatir un delito que afecta profundamente los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Acciones firmes contra un delito global
Durante su intervención, Borrell calificó la trata de personas como una de las violaciones más graves a los derechos fundamentales. “Panamá está firmemente comprometida con la prevención, protección de las víctimas y la persecución de los responsables”, señaló el viceministro. Además, subrayó la necesidad de una colaboración activa entre instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y organismos internacionales para abordar el problema de manera integral.
El funcionario también destacó que desde el Ministerio de Gobierno se están fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas para responder de forma efectiva a este flagelo, asegurando un enfoque centrado en las víctimas.
Temas destacados en la reunión
La sesión, presidida por el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Juan Carlos Rodríguez, abordó los principales avances y retos en la lucha contra la trata de personas. Entre los temas destacados estuvieron:
- Avances en las actividades del 2024, presentados por la Secretaría Nacional contra la Trata de Personas, dirigida por Yilena Sandoval.
- La colaboración con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluyendo País y Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina.
- Intervenciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que resaltaron la importancia de los esfuerzos multilaterales en la prevención de este delito.
Compromiso con la prevención y la justicia
La Comisión Nacional contra la Trata de Personas reafirma su compromiso con la prevención, la protección integral de las víctimas y la prosecución de los responsables. Este esfuerzo busca no solo mitigar los efectos del delito, sino también atacar sus causas estructurales.
El trabajo conjunto entre el Gobierno, las ONG y los organismos internacionales permite a Panamá consolidar su posición como un país activo en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la trata de personas, reafirmando que este delito no tiene cabida en su territorio.
Con estas acciones, Panamá continúa avanzando hacia una política integral de derechos humanos, que prioriza la justicia, la dignidad y la protección de los más vulnerables.
