El Municipio de Panamá suscribirá un préstamo por hasta $27.2 millones para saldar facturas pendientes con uno de sus contratistas, acumuladas durante las dos últimas administraciones. Lo llamativo del acuerdo es que la misma empresa que recibirá el pago será también la encargada de otorgar la facilidad crediticia.
De este modo, el contratista no solo cobrará la deuda, sino que se beneficiará además de los intereses generados por el préstamo, lo que podría elevar el costo total a más de $30 millones.
El beneficiario es Multibank Inc., que subcontrató a la sociedad TX Panamá y que, desde 2008, se encarga de la recaudación de tasas, tributos y contribuciones del distrito capital. El contrato vigente culmina el próximo 30 de septiembre, y la empresa ha indicado que no renovará la relación. A partir de esa fecha, un nuevo concesionario asumirá el servicio.
La deuda corresponde a facturas impagas por la prestación de servicios de recaudación durante los años fiscales 2023, 2024 y 2025. Originalmente, el contrato contemplaba una remuneración fija de $75,000 mensuales, pero durante la administración del alcalde José Luis Fábrega se acordó una adenda (la número 5) que elevó la remuneración fija a $683,000 mensuales —más de $8.1 millones al año— y estableció un componente variable equivalente al 6.5% sobre la recaudación anual, calculada inicialmente en $72 millones, aunque fuentes cercanas señalan que la recaudación real supera los $136 millones, lo que podría significar ganancias adicionales millonarias para el contratista.
La adenda también contempló un pago de $8 millones al contratista por el código fuente del sistema informático ARI (Asistente en la Recaudación de Impuestos), asegurando así el control exclusivo sobre la plataforma y los datos de los contribuyentes.
Ante la imposibilidad del Municipio de pagar de manera inmediata las facturas pendientes, Multibank Inc. ofreció un financiamiento, que ahora será aprobado para cerrar el ciclo de la relación contractual.
Este acuerdo ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, así como sobre los costos que finalmente asumirán los contribuyentes de la capital.