IMPACTO PANAMÁ
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Un nuevo caso de muerte bajo custodia del Estado venezolano ha conmocionado a la opinión pública. Osgual González, un preso político de 43 años, falleció este lunes en el penal de Tocuyito, presuntamente a causa de una hepatitis no tratada, elevando las denuncias sobre las deplorables condiciones de salud en las cárceles del país.
Los familiares de González han relatado una angustiante historia de negligencia médica. Días antes de su muerte, el interno describía síntomas graves: «Siento algo adentro que me ahoga, que no me deja respirar bien, como si tuviera los órganos inflamados». Sus padecimientos incluían piel amarilla, labios morados, abdomen inflamado y dolor intenso, signos evidentes de una enfermedad seria que fueron minimizados por las autoridades penitenciarias.
El diagnóstico inicial del penal redujo los síntomas a un simple «cólico nefrítico», limitándose a suministrar analgésicos. A pesar de los insistentes pedidos de traslado a un centro hospitalario y de que la familia llevó medicamentos en múltiples ocasiones, no recibieron respuesta alguna.
La tragedia se agrava por el hecho de que el hijo de González permanece detenido en el mismo penal de Tocuyito, tras ser sacado de su hogar en Barquisimeto en circunstancias no esclarecidas.
Contexto más amplio de represión
Este caso se suma a otra muerte reciente de un preso político. Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, falleció la semana pasada en circunstancias similares. El excandidato presidencial Enrique Márquez ha exigido justicia y la liberación de los más de 1.900 presos políticos actualmente en el sistema penitenciario venezolano.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, como la de Álvarez y su esposa Anny Suárez, quienes fueron capturados sin orden judicial por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo acusaciones de «terrorismo e instigación al odio».
Márquez ha criticado duramente al gobierno de Nicolás Maduro, señalando que «insiste en tomar el camino de la represión y la negación de los derechos de los ciudadanos, generando una situación de terror».
La muerte de González representa otro capítulo dramático en la crisis de derechos humanos en Venezuela, donde la falta de atención médica en prisiones se ha convertido en una amenaza constante para la vida de los detenidos.
