IMPACTO PANAMÁ
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En medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el contralor general de la República, Anel Flores, se presentaron para defender la legalidad de las transferencias a municipios y anunciar una ofensiva de auditorías. El objetivo, según declararon, es asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos destinados al desarrollo local.
Chapman inició su intervención reconociendo la preocupación ciudadana por la pobreza, la inequidad y la necesidad de una gestión eficiente del dinero público. Subrayó que el Estado tiene la obligación constitucional de apoyar a los municipios cuando sus propios fondos son insuficientes. Sin embargo, advirtió que “cualquier práctica que confunda descentralización con clientelismo político debe ser corregida”.
Para contextualizar las críticas, el ministro presentó datos históricos que revelan una drástica reducción en las transferencias a municipios. Comparó las cifras actuales con el periodo 2013-2015, cuando las transferencias superaban los 143 millones de balboas anuales. En contraste, bajo la administración actual, las transferencias han sido de 6.9 millones en 2024 y 4.69 millones en 2025, lo que representa una reducción del 96%.
Chapman explicó el proceso de las transferencias, destacando que los municipios son quienes solicitan los recursos, el MEF evalúa y tramita las solicitudes dentro del marco legal, y los consejos municipales aprueban el uso de los fondos mediante actas que deben publicarse en Gaceta Oficial. Aclaró que el MEF no tiene la facultad legal para auditar la ejecución final de esos recursos, tarea que corresponde a la Contraloría General de la República.
“Nuestro compromiso es que cada balboa contribuya al desarrollo humano local y no a prácticas que dañen la confianza en las instituciones”, afirmó Chapman. Anunció que el MEF ha enviado a la Asamblea propuestas para mejorar la Ley de Descentralización, incluyendo el uso del Índice de Pobreza Multidimensional para priorizar recursos, fortalecer el diseño y evaluación de políticas de descentralización, y revisar propuestas de incrementos salariales y funciones de la Autoridad Nacional de Descentralización.
Por su parte, el contralor Anel Flores respaldó las cifras del ministro y enfatizó que no se está manejando un volumen descontrolado de dinero como en años electorales anteriores. “Esto no es una francachela como había en años anteriores, especialmente en el año electoral que superó los 300 millones de dólares”, declaró.
Flores anunció tres acciones concretas. En primer lugar, se analizaron más de 4,000 expedientes de auxilios económicos del Ifarhu, de los cuales 2,860 serán remitidos al Ministerio Público por un perjuicio estimado de más de 52 millones de balboas. En segundo lugar, la próxima semana se entregarán casi 18 auditorías de juntas comunales ligadas a la antigua “descentralización paralela”. Finalmente, se iniciarán auditorías sobre los 6.9 millones de balboas de transferencias a municipios hechos en esta administración, a solicitud del propio MEF.
“Vamos a auditar con la misma rigurosidad al gobierno anterior y al actual. El compromiso es hacer las cosas bien y rescatar la confianza en las instituciones”, aseguró el contralor. También criticó la doble moral de algunos actores que hoy cuestionan las transferencias mientras solicitan prórrogas para rendir cuentas de sus propias gestiones.
Chapman reconoció que el sistema es perfectible y anunció una revisión interna de los procedimientos del MEF relacionados con gobiernos locales, coordinación con la Contraloría para definir lineamientos específicos y trazabilidad de las transferencias, y mejora continua en la publicación de datos presupuestarios en la web del MEF.
Ambos funcionarios coincidieron en que la crítica ciudadana es útil si lleva a corregir, normar mejor y transparentar. El mensaje central fue que el mecanismo de transferencias es legal y regulado, pero será sometido a auditorías exhaustivas para garantizar que el dinero no alimente clientelismo ni desvíos, sino que se destine a obras y servicios para las comunidades más necesitadas.
