IMPACTO PANAMÁ
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El Ministerio Público (MP), a través de las Fiscalías Anticorrupción, presentó un informe actualizado sobre las investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública durante 2025, entre ellos peculado, corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según los datos oficiales, a nivel nacional se mantienen 4,725 causas activas, siendo el delito de peculado el de mayor incidencia, con 705 investigaciones en curso.
Lesión patrimonial por $24.8 millones en “Operación Comunidad”
Entre los casos más relevantes se encuentra la investigación conocida como “Operación Comunidad”, que examina presuntas irregularidades en juntas comunales y en la ejecución del Programa de Descentralización (PDIS), administrado por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
El MP informó que la lesión patrimonial total asciende a $24,830,652.20, según los 36 informes de auditoría recibidos hasta la fecha. De estos, 35 reflejan irregularidades en el manejo de fondos públicos; el único informe sin lesión corresponde a la Junta Comunal de Curundú, entregado recientemente.
“La modalidad de operación consistía en el uso irregular del Programa de Interés Social (PDIS), que debía destinarse al financiamiento de proyectos comunitarios”, precisó el Ministerio Público.
44 funcionarios imputados y 23 causas judicializadas
Desde julio, las diligencias han derivado en 23 causas judicializadas, con 44 funcionarios imputados, entre ellos exautoridades locales y servidores públicos en funciones.
El informe detalla que una imputación no fue admitida por el juzgado correspondiente, y que se han aplicado diversas medidas cautelares:
- 8 detenciones provisionales,
- 8 detenciones domiciliarias, y
- 28 medidas alternativas.
La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha presentado hasta la fecha 290 denuncias, de las cuales 281 permanecen activas y 9 fueron inhabilitadas por duplicidad con denuncias presentadas por particulares.
Compromiso con la transparencia
El Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar las investigaciones para garantizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos y recuperar los recursos destinados al desarrollo comunitario.
“Nuestro deber es asegurar que el dinero del pueblo llegue realmente a las comunidades, no a los bolsillos de unos pocos”, destacó la entidad en su comunicado.
