El presidente de Argentina, Javier Milei, ha ordenado la suspensión de las pensiones que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner percibía por su rol como exmandataria y por su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner. El anuncio fue realizado este jueves por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien argumentó que la medida responde a la reciente ratificación judicial de una condena contra Fernández por corrupción.
Una medida contra los “privilegios” políticos
Según Adorni, las pensiones de Fernández representan un costo mensual de aproximadamente 21,8 millones de pesos (unos 21.800 dólares al tipo de cambio oficial). “La jubilación a un mandatario es un privilegio que no debería existir en Argentina, más aún si quien la percibe ha sido condenada por corrupción», explicó el vocero. Agregó que esta asignación “extraordinaria” se otorga por ley a expresidentes y exvicepresidentes en reconocimiento a “honor, mérito y buen desempeño en el cargo,” valores que, en palabras de Adorni, Fernández no cumple tras su condena.
El caso de corrupción que selló la decisión
La retirada de las pensiones ocurre luego de que la justicia argentina ratificara en segunda instancia una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández. Esta sentencia, emitida inicialmente en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, establece que Fernández fue culpable de administración fraudulenta en la adjudicación de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Según el fallo, la exmandataria habría incurrido en irregularidades sistemáticas para favorecer a empresarios aliados.
La decisión del gobierno de Milei plantea un precedente en la política argentina y ha generado intensos debates sobre los privilegios otorgados a exmandatarios, en especial aquellos con causas judiciales pendientes.