IMPACTO PANAMÁ
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La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público avanza en la investigación por el presunto uso indebido de fondos públicos durante la administración del expresidente Laurentino “Nito” Cortizo (2019-2024), destinados al pago de 46 cirugías bariátricas realizadas en hospitales privados del país.
La pesquisa se inició tras una denuncia presentada por el abogado Guillermo “Willie” Cochez en octubre de 2024, fundamentada en una publicación periodística que reveló que dichas intervenciones, con un costo superior a los 711 mil dólares, fueron cubiertas con partidas discrecionales asignadas a la Presidencia.
Diligencias recientes
Este jueves, fiscales anticorrupción realizaron diligencias en las oficinas de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de la Presidencia y el Banco Nacional de Panamá, con el fin de recabar documentación sobre los desembolsos efectuados y los criterios aplicados para seleccionar a los beneficiarios.
Según datos oficiales de la investigación, la supuesta lesión patrimonial al Estado supera los 597 mil dólares, aunque las cifras iniciales reportadas por medios de comunicación señalan un monto mayor.
Detalles de las operaciones
Las cirugías incluyeron mangas gástricas, bypass y bandas gástricas, practicadas principalmente en el Hospital Punta Pacífica (33 casos), Panamá Clinic (8), San Fernando (3), Paitilla (1) y el Hospital Nacional (1).
Más de la mitad fueron realizadas por un solo especialista, el Dr. Moisés Chitrit Amar, quien habría recibido aproximadamente 410 mil dólares por 25 procedimientos.
Reacciones políticas
Diputados de la Asamblea Nacional han cuestionado duramente el uso de recursos estatales para cubrir cirugías catalogadas como de carácter estético, señalando que varios beneficiarios contaban con ingresos familiares elevados.
“El expresidente Cortizo debería dar explicaciones claras al país. Si alguien tiene que ir preso, que vaya preso”, declaró un diputado opositor.
Lo que está en juego
De comprobarse el delito de peculado, las autoridades judiciales podrían proceder con sanciones penales contra los responsables directos de autorizar y ejecutar estos pagos. La ciudadanía y diversos sectores han exigido transparencia y rendición de cuentas, dado que se trata de fondos públicos destinados a prioridades sociales.
Por ahora, la Fiscalía mantiene abiertas sus diligencias, mientras el país espera respuestas concretas sobre uno de los casos más polémicos vinculados a la gestión pasada.
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