IMPACTO PANAMÁ
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La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, enfrenta una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Anticorrupción. Los señalamientos incluyen presuntos delitos de extralimitación de funciones, abuso de autoridad, peculado y omisión de deberes públicos, relacionados con el Decreto Municipal N°8 de 2024, que establece más de 90 sanciones municipales.
El decreto ha generado controversias debido a posibles conflictos con normativas nacionales y presuntas vulneraciones a derechos constitucionales, despertando un intenso debate en el ámbito legal y social.
Las sanciones más cuestionadas
Entre las disposiciones más polémicas se encuentra el numeral 63, que impone multas de hasta $2,500 por vehículo a conductores que establezcan piqueras en áreas no autorizadas. El abogado denunciante, Abdiel González, argumenta que estas sanciones ya están previstas en el Decreto Ejecutivo N°640 de 2006, lo que representaría un presunto acto de duplicación de normativas y abuso de autoridad.
Asimismo, el numeral 61 establece multas de $500 por estacionarse en espacios reservados para personas con discapacidad sin carné, excediendo los $300 fijados por el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestres (ATTT), lo que según González evidencia un conflicto de competencias.
¿Violación de derechos constitucionales?
La denuncia sostiene que el decreto alcaldicio infringe artículos de la Constitución Nacional, entre ellos:
- Artículo 18: Presunta extralimitación de funciones al imponer sanciones fuera del ámbito municipal.
- Artículo 32: Vulneración del derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma falta.
Además, se acusa a Peñalba de promover una doble sanción, lo que afectaría negativamente a los ciudadanos.
La controversia de los ladridos de perros
Un punto que generó amplio rechazo fue la disposición que sancionaba a dueños de perros cuyos ladridos superaran los 50 decibelios. Este apartado fue severamente criticado por organizaciones animalistas y ciudadanos, obligando a la alcaldesa a modificarlo.
Reacciones legales y sociales
La denuncia penal se suma a una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluar si el decreto contraviene la Constitución y otras leyes nacionales.
Precedentes legales, como el fallo de 2021 que declaró ilegal un decreto alcaldicio de José Luis Fábrega, refuerzan las críticas hacia el decreto de Peñalba, pues establecen que los municipios deben respetar competencias ya reguladas por otras instituciones.
Silencio oficial
A pesar de los intentos, no fue posible obtener declaraciones de la alcaldesa Stefany Peñalba al cierre de esta nota. En el pasado, Peñalba ha defendido su gestión afirmando que los ciudadanos de Arraiján “sienten paz” bajo su administración, aunque las controversias generadas por el Decreto Municipal N°8 contradicen esta percepción.
