IMPACTO PANAMÁ
La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público, producto de hallazgos detectados durante auditorías realizadas en ejercicio de sus funciones de fiscalización y control posterior. La institución señaló que estas acciones responden a su obligación legal de remitir aquellos casos en los que existan elementos que puedan dar lugar a una investigación penal.
De acuerdo con la nota oficial, las denuncias corresponden a auditorías relacionadas con IDAAN, FCC Construcción, S.A., la Junta Comunal de Ponuga, Noriel Araúz, Publio Anselmo De Gracia Tejada, Nadia del Río y Maritza Ureña. En todos los casos, la Contraloría aclara que la presentación de la denuncia constituye el traslado de los hallazgos al Ministerio Público, organismo que será el encargado de determinar si existen responsabilidades penales.
Nadia del Río: un expediente que continúa creciendo
Entre los nombres incluidos en este nuevo paquete de denuncias destaca nuevamente el de Nadia del Río, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia durante la pasada administración. Su caso ya era objeto de investigaciones derivadas de una auditoría forense patrimonial que detectó presuntas diferencias entre los ingresos de fuentes conocidas y los movimientos financieros analizados por la Contraloría. La exfuncionaria ha rechazado los señalamientos y sostiene que demostrará el origen de su patrimonio en las instancias correspondientes.
La nueva denuncia penal representa un paso adicional dentro del proceso institucional y coloca nuevamente el expediente bajo el escrutinio público. No obstante, corresponde ahora al Ministerio Público desarrollar las investigaciones y determinar si existen méritos para formular cargos o archivar el caso, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Mientras tanto, los demás expedientes también seguirán su curso legal y abarcan investigaciones que involucran tanto a exfuncionarios como a entidades públicas y privadas. Con estas actuaciones, la Contraloría reafirma que continuará trasladando al Ministerio Público los casos en los que las auditorías detecten posibles irregularidades que ameriten investigación penal, como parte de su misión de proteger el patrimonio del Estado y fortalecer la transparencia en la gestión pública.
