IMPACTO PANAMÁ
La confianza ciudadana en las instituciones públicas no se construye únicamente con discursos sobre transparencia. Se construye, sobre todo, con decisiones coherentes. Por eso resulta inevitable que surjan interrogantes cuando empresarios vinculados a controversias públicas y antecedentes relacionados con casos de corrupción aparecen nuevamente como aspirantes a millonarios contratos estatales.
Hoy el nombre de Alberto Jurado, conocido popularmente como «Beto BAGATRAC», vuelve a estar en el centro del debate público. Su empresa busca adjudicarse una licitación del Ministerio de Obras Públicas valorada en aproximadamente 25 millones de dólares para la construcción de un importante intercambiador vial en la provincia de Chiriquí. La obra es necesaria. El desarrollo de la región también. Pero la pregunta que muchos ciudadanos se hacen no tiene que ver con el proyecto, sino con quién pretende ejecutarlo.
La controversia surge porque BAGATRAC ha estado vinculada a diversos cuestionamientos públicos durante los últimos años. Entre ellos, señalamientos relacionados con presuntos daños ambientales denunciados por residentes de San Félix y el hecho de que la empresa y sus representantes hayan sido mencionados en procesos judiciales vinculados a pagos irregulares. Más allá de las responsabilidades legales ya determinadas o pendientes de determinar, existe una realidad imposible de ignorar: la reputación pública de una empresa que aspira a manejar millones de dólares provenientes de los contribuyentes debería ser un factor relevante en cualquier proceso de contratación estatal.
La discusión no es solamente jurídica. También es ética.
Porque aunque una persona o empresa pueda cumplir formalmente con los requisitos para participar en una licitación, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si quienes administrarán recursos públicos representan los valores de transparencia, integridad y responsabilidad que el país exige.
Resulta aún más llamativo observar cómo figuras empresariales envueltas en polémicas continúan siendo recibidas en actividades públicas, eventos sociales y celebraciones oficiales, proyectando una imagen de cercanía con sectores de poder político. Esa percepción alimenta una sensación peligrosa: que en Panamá los escándalos terminan olvidándose mientras los negocios continúan avanzando.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha prometido una nueva etapa para la administración pública, basada en la eficiencia y la recuperación de la confianza ciudadana. Precisamente por ello, cada licitación relevante se convierte en una prueba de credibilidad para las instituciones.
La pregunta de fondo no es únicamente si Alberto Jurado y BAGATRAC pueden licitar. La verdadera pregunta es si hacerlo fortalece o debilita la confianza de los panameños en el sistema de contrataciones públicas.
Porque cuando el dinero en juego pertenece al pueblo panameño, la transparencia debe ser mucho más que un requisito administrativo. Debe ser una exigencia moral.
Y mientras persistan las dudas, los antecedentes controvertidos y los cuestionamientos públicos, la ciudadanía seguirá preguntándose si Panamá realmente está cambiando o si simplemente los mismos actores continúan participando en los mismos negocios de siempre.
