IMPACTO PANAMÁ
Related Articles
El Procurador General de la Nación, Carlos Gómez, ha expresado su descontento tras el rechazo por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de dos proyectos de ley destinados a fortalecer la lucha contra la corrupción. Gómez lamentó que las iniciativas, que buscaban endurecer las penas por delitos contra la administración pública y ampliar las facultades de investigación del Ministerio Público, no fueran sometidas a una discusión más exhaustiva antes de ser rechazadas.
Según Gómez, aunque la Asamblea actuó dentro de sus competencias y reglas internas, la falta de un debate profundo es “lamentable”. El procurador se refirió específicamente al proyecto de ley general anticorrupción, señalando que solo se discutió el primer artículo, que definía el objeto y los fines del proyecto, incluyendo la protección del patrimonio estatal. Al ser rechazado este primer artículo, todo el proyecto, compuesto por 71 artículos, fue descartado.
En cuanto al proyecto de reforma del Código Penal, Gómez indicó que, si bien se discutieron los artículos relacionados con el aumento de las penas por delitos contra la administración pública, todos fueron rechazados en el primer debate de la Comisión de Gobierno. A pesar de esto, el procurador manifestó su respeto por la decisión del Órgano del Estado, refiriéndose a la Asamblea Nacional.
La votación en la Comisión de Gobierno reflejó una clara división. Los diputados de los partidos Realizando Metas (RM), Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) se opusieron a las iniciativas, mientras que los representantes de la coalición Vamos y del Movimiento Otro Camino las respaldaron.
Gómez también se refirió a las opiniones del Contralor General de la República, Anel Flores, quien había expresado reservas sobre los proyectos, particularmente en lo que respecta a la obligatoriedad de informes de auditoría en las investigaciones del Ministerio Público. El procurador discrepó con esta postura, señalando que, según la Constitución, las funciones de la Contraloría no establecen que los informes de auditoría vinculen o determinen lesiones patrimoniales en materia de persecución penal. Subrayó que las atribuciones del Ministerio Público son perseguir delitos y proteger los intereses del Estado, sin restricciones.
Además, Gómez enfatizó que el Código Procesal Penal establece la libertad probatoria, lo que permite al Ministerio Público utilizar todo el material que sirva como prueba en una investigación.
Finalmente, el procurador evitó pronunciarse sobre la resolución que otorga al Contralor facultades para cautelar bienes patrimoniales, debido a la existencia de demandas por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, sobre las cuales podría ser requerido para emitir una opinión. La controversia en torno a los proyectos anticorrupción pone de manifiesto la complejidad y la polarización en el debate sobre cómo combatir la corrupción en el país.
