IMPACTO PANAMÁ
En una decisión que ha generado una ola de indignación y rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, la justicia venezolana, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, condenó a 10 años de prisión a un adolescente bajo acusaciones de «terrorismo».
El joven, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por motivos legales, forma parte del grupo de detenidos en el contexto de las protestas políticas que han sacudido al país. Según denuncias de familiares y abogados defensores, el proceso estuvo plagado de irregularidades, falta de debido proceso y ausencia de pruebas contundentes que vinculen al menor con actos terroristas.
Cifras alarmantes y represión juvenil
Este caso no es aislado. Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal han advertido sobre un patrón sistemático de criminalización contra jóvenes y adolescentes en Venezuela.
- Cargos desproporcionados: El uso del delito de «terrorismo» e «incitación al odio» se ha vuelto recurrente para procesar a manifestantes, incluidos menores de edad.
- Condiciones de reclusión: Se ha denunciado que los menores detenidos han sido recluidos en centros que no cumplen con los estándares internacionales para la protección de la infancia, compartiendo espacios con adultos o sufriendo tratos crueles.
Reacción internacional
La condena ha provocado el pronunciamiento de organismos internacionales que exigen la liberación inmediata de los menores detenidos. Activistas sostienen que estas sentencias buscan enviar un mensaje de intimidación y miedo a la sociedad civil para sofocar cualquier intento de disidencia.
«Es una aberración jurídica condenar a un niño por terrorismo cuando lo que ejercía era su derecho a la protesta o simplemente se encontraba en el lugar equivocado», declaró un vocero de una organización humanitaria local.
