IMPACTO PANAMÁ
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Una propuesta para crear una Autoridad Minera de Panamá, similar al modelo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ha surgido como alternativa para resolver la controversia minera del país, garantizando que los recursos queden en manos panameñas y contribuyan a solucionar problemas económicos estructurales, incluida la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS).
Dimitri Flores Posso, quien ha venido planteando esta idea a diversos grupos, argumenta que, ante la eventual apertura de la mina, es preferible que sea el Estado panameño quien administre directamente los recursos, en lugar de entregar concesiones a empresas extranjeras que ofrecen únicamente «irrisorias regalías».
Modelo de administración estatal
La propuesta contempla que la nueva autoridad funcione de manera temporal, hasta resolver el actual conflicto legal y extraer completamente los recursos minerales disponibles. «Tenemos un pocogotón de plata ahí. Vamos a pagarle a los tipos que invirtieron su plata, pero también nos quedan varios billones de dólares», explicó Flores Posso.
Según la propuesta, se contrataría una agencia comercializadora que recibiría entre 2% y 3% de las ventas, mientras que el resto de los ingresos quedarían para el Estado panameño. Esta estructura permitiría generar flujo de caja directo para las arcas nacionales, sin depender de terceros.
Experiencia panameña en el sector
Flores Posso enfatiza que la operatividad de la mina ha estado tradicionalmente en manos panameñas, citando el caso de Richard Fifer, el empresario panameño que inició estas actividades en la región. «La operatividad de la mina la han llevado los panameños, supervisada por extranjeros. Pero, ¿quién dice que nosotros no podemos hacerlo también como lo hemos venido haciendo con el canal de Panamá?», argumenta.
El país cuenta con profesionales capacitados para administrar este tipo de operaciones, similar a como se ha manejado exitosamente el Canal de Panamá tras su reversión en 1999.
Solución integral para crisis económica
La propuesta va más allá de la simple administración minera. Flores Posso sostiene que los recursos generados podrían resolver múltiples problemas económicos del país, especialmente la crisis de la CSS, sin necesidad de aumentar la edad de jubilación o implementar medidas impopulares.
«Con esos billones de dólares podemos resolver inclusive el problema de la Caja de Seguro Social y no peleamos con nuestra gente ni le subimos edad de jubilación a nadie», asegura.
Estructura de gobernanza propuesta
La autoridad minera tendría una junta directiva con participación de todos los sectores del país, evitando la politización del organismo. Esta estructura buscaría replicar el modelo exitoso de la ACP, donde la representación diversa ha garantizado la estabilidad institucional.
La propuesta incluye el pago de las deudas existentes con la empresa First Quantum y la continuidad laboral de los trabajadores del sector, mientras se genera un flujo de ingresos constante para el Estado.
Reactivación económica inmediata
Según los cálculos presentados, la implementación de esta autoridad podría generar ingresos visibles en un plazo de tres meses, permitiendo abordar problemas inmediatos del país. «Eso se reactiva y en los próximos 3 meses estamos viendo plata para resolver problemas múltiples que hay en este país», proyecta Flores Posso.
Contexto de la controversia
La propuesta surge en un momento de alta tensión sobre el futuro de la actividad minera en Panamá, especialmente tras las protestas ciudadanas que rechazaron la continuidad de concesiones a empresas extranjeras.
Flores Posso reconoce que, aunque el pueblo expresó su rechazo, existe una realidad económica que debe enfrentarse: «Hay un hueco que se hizo y está peligrando muchas cosas más. Entonces, vamos a tratar esto en positivo y arreglamos el problema y a todos nos va ir bien».
La propuesta busca transformar una controversia nacional en una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas y garantizar que los recursos naturales beneficien directamente a los 4.4 millones de panameños, en lugar de generar ganancias principalmente para inversionistas extranjeros.
Esta iniciativa representa un intento de encontrar una solución pragmática que concilie las demandas ciudadanas con las necesidades económicas del país, utilizando un modelo probado de administración estatal exitosa.
