IMPACTO PANAMÁ
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Panamá se encuentra en el centro de una creciente polémica luego de que el Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestara su rotundo desacuerdo con el reciente aumento salarial otorgado a los magistrados del Tribunal Electoral y la creación de un fondo de jubilación especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta controversia ha desatado un debate nacional sobre la prudencia fiscal y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, especialmente en un contexto económico desafiante.
Chapman no ha dudado en calificar estas medidas como incongruentes con el mensaje de austeridad que el gobierno busca transmitir a la ciudadanía. El ministro informó haber comunicado directamente su posición a la presidenta de la CSJ y a los magistrados del Tribunal Electoral, instándolos a reconsiderar ambas decisiones. Subrayó los esfuerzos realizados por su cartera para controlar el gasto público, incluyendo la reducción de la planilla estatal.
El foco de la controversia se centra en el fondo de jubilación especial para los magistrados de la CSJ, que les permitiría retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación. Esta medida, oficializada mediante el Acuerdo N.° 407, beneficiaría a un número considerable de jueces y magistrados. Además, se suma el antecedente de un aumento salarial de $4,000 mensuales para los magistrados, aprobado apenas cuatro meses atrás, elevando sus ingresos mensuales a $14,000.
La reacción de diversos sectores de la sociedad panameña no se ha hecho esperar. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) calificó las medidas como “imprudentes, inoportunas y éticamente cuestionables”, resaltando el contexto de alto desempleo y tensiones fiscales. El Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos) también expresó su indignación, recordando sus años de lucha por un aumento mínimo en sus pensiones. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se sumó al rechazo, considerando el beneficio como un “privilegio injustificado”.
La exprocuradora y diputada Ana Matilde Gómez ha propuesto que la Asamblea Nacional apruebe una ley que prohíba compensaciones o fondos no sustentados en leyes, buscando mayor transparencia y control. Por su parte, el analista político Rodrigo Noriega criticó la falta de transparencia en el proceso y la desconexión de la Corte con la realidad social del país.
Ante la creciente presión, la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, anunció que se realizará una conferencia de prensa para explicar el tema, aunque aún no se ha confirmado la fecha. La controversia continúa generando debate y presión sobre la CSJ para reconsiderar estas medidas en un contexto económico desafiante y con un creciente clamor ciudadano por la austeridad y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Este tema ha escalado rápidamente en la agenda nacional, poniendo en el centro del debate la necesidad de una gestión fiscal responsable y la importancia de que los funcionarios públicos sean sensibles a las necesidades y demandas de la población. La resolución de esta controversia tendrá un impacto significativo en la confianza ciudadana y en la percepción de la justicia en Panamá.
