IMPACTO PANAMÁ
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En medio de uno de los debates más sensibles y trascendentales para el futuro de Panamá —la reactivación de la minería metálica a gran escala— emerge con fuerza un proyecto que demuestra, con hechos y resultados, que sí existen alternativas reales, sostenibles y dignas para el desarrollo rural. Se trata de Granja Alternativa, un modelo pionero de agroturismo comunitario que hoy enfrenta un cerco económico, social y reputacional denunciado por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU).
Ubicada en Coclesito, distrito Omar Torrijos Herrera, Granja Alternativa no es un emprendimiento turístico convencional. Es el primer proyecto rural comunitario consolidado de la región, concebido como eje de una estrategia integral de superación de la pobreza basada en la autogestión, la capacitación técnica local y la valorización del patrimonio natural.
Durante más de dos décadas, este proyecto ha funcionado como un laboratorio vivo de sostenibilidad dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, demostrando que la economía campesina puede ser rentable, digna y ambientalmente responsable, sin depender del asistencialismo ni de la entrega de soberanía territorial.
Un modelo que incomoda al extractivismo
El éxito de Granja Alternativa representa una amenaza ideológica directa al modelo extractivista, ya que desmonta la narrativa según la cual la minería es la única fuente posible de empleo para las comunidades rurales. Su sola existencia prueba que el desarrollo no tiene que pasar por la destrucción del territorio ni por la dependencia de enclaves mineros.
Por ello, el ataque contra este proyecto no es aislado ni casual. Según la ALDHU, el hostigamiento contra Granja Alternativa se despliega en paralelo a las maniobras corporativas orientadas a reactivar la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá S.A., cuyo respaldo financiero proviene de capitales extranjeros.
Un contexto legal y ambiental ignorado
La presión para reabrir la mina se produce ignorando abiertamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional la Ley 406 por violar 25 artículos de la Constitución panameña.
Además, los informes técnicos del Ministerio de Ambiente documentaron 236 incumplimientos ambientales graves, incluyendo la destrucción de miles de hectáreas de bosque primario y la contaminación de fuentes hídricas vitales. A esto se suma el historial de represión durante las protestas de 2023, que dejó fallecidos, más de 1,500 detenciones arbitrarias y casos de brutalidad policial irreversible.
El cerco contra Granja Alternativa
En este escenario de profunda asimetría de poder, la ALDHU denuncia que Granja Alternativa es víctima de una persecución selectiva diseñada para forzar su colapso, mediante un patrón sistemático que incluye:
- Campañas de difamación, financiadas por estructuras que se presentan como “comités cívicos”, difundiendo información falsa para aislar y estigmatizar el proyecto.
- Cerco económico y social, presionando a proveedores y operadores turísticos para excluir a la Granja de los circuitos comerciales.
- Apropiación cultural y greenwashing, replicando de forma cínica sus metodologías pedagógicas en programas corporativos de “responsabilidad social”.
- Intimidación directa, con restricciones arbitrarias al libre tránsito y hostigamiento a líderes comunitarios.
Estas acciones buscan eliminar al “testigo incómodo” que demuestra que el desarrollo sostenible es posible y viable en Panamá.
Defender la alternativa es defender el país
Granja Alternativa no solo es un proyecto local: es un símbolo de soberanía, dignidad y futuro para las comunidades de Coclé y Colón, y una referencia iberoamericana de desarrollo rural sostenible.
El bienestar social no es una dádiva de corporaciones extranjeras, sino una obligación indelegable del Estado panameño. Por ello, la ALDHU ha solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la adopción de medidas cautelares que protejan la integridad física, jurídica y económica de quienes integran este proyecto.
Defender a Granja Alternativa es defender el derecho de Panamá a elegir un modelo de desarrollo que no sacrifique su gente, su agua ni su biodiversidad. Es defender la posibilidad real de un futuro donde el progreso no esté condicionado por la minería, sino construido desde las comunidades, la tierra y la vida.
