IMPACTO PANAMÁ
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La investigación que sacude los cimientos de la administración pública en Panamá suma un nuevo y contundente capítulo. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, ha confirmado oficialmente que la empresa Sicarelle Holdings, Inc. recibió un total de 16 contratos de servicios de limpieza entre los años 2020 y 2024. Esta revelación, contenida en un documento oficial remitido a la fiscal Digna Castillo, quien lidera la investigación, complica aún más la situación legal de Nadia del Río, investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias.
El documento, identificado con el número P.C.S.J. N° 1004-2025 y fechado el 9 de octubre de 2025, responde a una solicitud de información por parte de la Fiscalía de los Delitos contra la Administración Pública, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante el gobierno anterior (2019-2024). En su misiva, la magistrada López Arias asegura que, tras una exhaustiva revisión de los archivos administrativos del Órgano Judicial, se corroboró la existencia de múltiples contrataciones a favor de Sicarelle Holdings, Inc., todas debidamente autenticadas. Los registros adjuntos al documento detallan los contratos firmados año tras año, desde el Contrato N° 074-2020 hasta el N° 147-2024, confirmando un historial de adjudicaciones que ahora está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.
Según la investigación inicial del Ministerio Público, Sicarelle Holdings estaría vinculada a una red de sociedades presuntamente relacionadas con funcionarios del gobierno anterior, incluyendo Orujo S.A., Imperium Lex Legar Bureau, Supermercado El Milagro, Galinó Suárez S.A. y MR Legal Consulting. Se sospecha que estas empresas fueron favorecidas en licitaciones y contratos estatales mediante el tráfico de influencias. Fuentes judiciales indican que la Fiscalía investiga si Nadia del Río intervino para favorecer a empresas vinculadas a su entorno personal y sentimental, en complicidad con Alexander Hepburn y Juan Carlos Soto.
La confirmación de la Corte Suprema sobre la existencia de los contratos otorga mayor solidez a la investigación de la Fiscalía y refuerza la hipótesis de un posible esquema de corrupción. Una fuente judicial, consultada por Panamá Noticias Network (PNN), señaló que este documento «confirma lo que hasta hace poco era una sospecha: hubo un patrón sistemático de adjudicaciones a una misma empresa, lo que podría configurar un esquema de corrupción estructurada dentro de la administración pública, conocido como División de Materia».
La fiscal Digna Castillo tiene ahora la tarea de evaluar minuciosamente los contratos autenticados y compararlos con las licitaciones del período 2019-2024. Se espera que en los próximos días sean citados a declarar exfuncionarios, contratistas y representantes legales de las empresas señaladas. Este nuevo giro en la investigación coloca a Nadia del Río nuevamente en el epicentro de la polémica, en lo que podría convertirse en uno de los casos de corrupción más relevantes del último quinquenio en Panamá. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el alcance de este entramado y las responsabilidades penales que puedan derivarse.
