IMPACTO PANAMÁ
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El régimen de Irán ha puesto en marcha una maquinaria de persecución sistemática que marca un nuevo y peligroso capítulo en su historial de derechos humanos. Según informes recientes, las autoridades han comenzado a ejecutar una política de confiscación de bienes y activos dirigida específicamente contra activistas, figuras culturales y ciudadanos que participaron o apoyaron las recientes movilizaciones masivas en el país.
El arma de la confiscación
La estrategia del régimen ha evolucionado hacia un modelo de «muerte civil». Al incautar cuentas bancarias, propiedades residenciales y negocios comerciales, el Estado busca no solo castigar al individuo, sino neutralizar su capacidad de subsistencia y la de sus familias.
Expertos en seguridad internacional señalan que esta táctica busca enviar un mensaje disuasorio: el costo de oponerse al sistema ya no es solo la cárcel, sino la ruina financiera total. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas medidas se ejecutan sin el debido proceso, basándose en leyes de «seguridad nacional» que permiten al aparato judicial actuar con total opacidad.
Persecución sin fronteras
La cacería de brujas no se limita a quienes están dentro de las fronteras iraníes. El régimen ha intensificado la vigilancia y las amenazas contra activistas en el exilio, utilizando a sus familiares en Irán como rehenes económicos.
- Periodistas y artistas: Han sido los blancos principales, viendo cómo sus activos acumulados durante años son transferidos a fundaciones controladas por la Guardia Revolucionaria.
- Juventud movilizada: Miles de estudiantes enfrentan la expulsión de las universidades y la congelación de sus registros civiles, impidiéndoles trabajar o salir del país.
Un clima de impunidad
A pesar de las condenas internacionales y las sanciones impuestas por organismos de Occidente, el liderazgo en Teherán parece decidido a erradicar cualquier vestigio de resistencia interna. La comunidad internacional observa con preocupación cómo el sistema judicial, subordinado al Líder Supremo, valida estas expropiaciones bajo cargos de «enemistad contra Dios» (Moharebeh).
La situación actual refleja un Estado que, ante la pérdida de legitimidad popular, recurre a la fuerza bruta económica para mantener el control de una población que, a pesar del miedo, sigue encontrando formas de expresar su descontento.
