La lucha contra la corrupción en Panamá no puede tener excepciones ni zonas grises. O se combate con todo el peso de la ley o se convierte en otro teatro político para castigar a los peces pequeños y proteger a los tiburones de siempre. Y en ese contexto, la pregunta que muchos ciudadanos ya murmuran en las calles se hace hoy inevitable:
¿Dónde está José Gabriel Carrizo?
¿Será investigado el ex vicepresidente de la República?
Mientras algunos exdirectores, alcaldes, funcionarios intermedios y operadores políticos del gobierno pasado enfrentan procesos judiciales, detenciones provisionales y hasta escarnio público por casos vinculados al uso indebido de fondos públicos, descentralización clientelista, planillas paralelas, contrataciones sospechosas y hasta obras fantasmas, el principal rostro político del pasado quinquenio brilla por su ausencia.
Gaby Carrizo no solo fue el segundo al mando del gobierno de Laurentino Cortizo, sino que fue, según denuncias públicas, el estratega detrás de muchas de las decisiones administrativas, licitaciones dudosas y asignaciones millonarias que hoy están bajo la lupa del Ministerio Público y la Contraloría.
- Pero curiosamente, los reflectores de la justicia no lo alcanzan.
- No hay citaciones. No hay operativos.
- No hay fiscalías haciendo filas para indagarlo.
¿Puede haber justicia real si el número dos del Ejecutivo, aspirante presidencial, operador político y figura central de un esquema clientelista multimillonario, no está siquiera siendo llamado a responder preguntas básicas?
El Teatro de la “Anticorrupción” con Guión Político
Lo que se percibe, lamentablemente, es un patrón recurrente en la historia panameña:
- Se investiga al que firmó el cheque, no al que lo ordenó.
- Se encarcela al mensajero, no al arquitecto del plan.
- Se sacrifica al funcionario menor para proteger al poder real.
Esta lógica perversa es la que ha hecho que el pueblo pierda fe en las instituciones, que se hable de justicia selectiva, y que la palabra «anticorrupción» parezca más un eslogan de campaña que un compromiso estructural.
Las cifras que escandalizan
Según informes de la Contraloría, más de 200 millones de dólares fueron asignados en el último año de gobierno de Cortizo a través del programa de descentralización, en muchos casos sin criterios técnicos, sin transparencia y con claros fines políticos.
Muchos de estos fondos pasaron por las manos de operadores políticos cercanos a Gaby Carrizo.
Hoy, algunos de esos operadores están en prisión o bajo investigación.
¿Y Gaby? Callado. Lejos. Ausente.
¿Se atreverá la justicia a subir hasta los pisos altos del poder?
La administración del presidente José Raúl Mulino ha prometido mano firme contra la corrupción, sin excepciones. Y ya ha demostrado valentía al desmontar estructuras viciadas, ordenar auditorías, y respaldar investigaciones profundas.
Pero ahora viene la verdadera prueba de fuego:
- ¿Tendrá el Ministerio Público la independencia suficiente para abrir una línea investigativa sobre Gaby Carrizo?
- ¿Permitirá el sistema que la impunidad vuelva a cubrir al más influyente?
- ¿Tolerará la sociedad civil que los peces gordos sigan libres mientras se encarcelan empleados menores?
El país exige respuestas
- Panamá no necesita más promesas.
- Necesita justicia con nombres y apellidos.
- Necesita ver que nadie —por influyente que haya sido— está por encima de la ley.
La corrupción no se combate con titulares. Se combate con justicia imparcial.
Hoy, Gaby Carrizo no ocupa ningún cargo. No tiene fuero. No tiene inmunidad. Solo tiene silencio.
Y el silencio, cuando se trata de fondos públicos desaparecidos, no es un derecho: es una sospecha.
CONCLUSIÓN
Panamá necesita dar un mensaje claro:
¡Nadie puede robarle al pueblo y salir ileso!
¡Nadie puede usar el poder para enriquecerse y luego esconderse tras las sombras!
Ya no es tiempo de mirar a un lado. Es tiempo de preguntar sin miedo:
¿Dónde está Gaby Carrizo?
¿Será investigado?