IMPACTO PANAMÁ
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Esta semana, el escándalo de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá volvió a sacudir la confianza pública. Dos funcionarios de alto rango fueron arrestados por su complicidad en un esquema de evasión fiscal que permitió a varias empresas evadir el pago de impuestos por un total de 11 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno y las autoridades mantienen en el más absoluto misterio los nombres de los empresarios implicados.
¿Por qué ocultar quiénes son los responsables de este robo masivo? Mientras los funcionarios caen, los verdaderos «peces gordos» siguen a salvo, dejando a los panameños en la oscuridad sobre quiénes están detrás de esta estafa. Estos 11 millones no son solo cifras en un reporte, son recursos que deberían haberse destinado a nuestras carreteras, nuestra educación, y nuestra salud. Es dinero que le pertenece a cada uno de nosotros, el pueblo, que paga sus impuestos a conciencia mientras otros se enriquecen ilícitamente.
¿A quién le temen las autoridades? ¿Por qué proteger a los grandes empresarios y no exponerlos públicamente? La opacidad solo alimenta la desconfianza en un sistema que ya ha demostrado ser vulnerable a los intereses privados. Los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes son estos desalmados que, con su evasión fiscal, siguen dejando al país al borde del colapso social.
Es hora de exigir transparencia. Es hora de que se destapen los nombres.
El pueblo panameño no puede seguir siendo testigo de cómo se saquean sus recursos sin conocer a los responsables. La justicia debe llegar no solo para los funcionarios corruptos, sino también para quienes se han beneficiado de esta red de evasión. El país merece respuestas, y no descansaremos hasta que los verdaderos culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.
