IMPACTO PANAMÁ
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La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) ha admitido un recurso de apelación clave dentro de la demanda de nulidad presentada por la Asociación de Movimiento Gremialista de Educadores de Panamá (Asoprof) y otros gremios docentes. Esta demanda busca anular el Decreto Ejecutivo No. 17, promulgado el 24 de junio de 2025, el cual permitió el nombramiento de maestros sustitutos durante la huelga magisterial que se produjo en respuesta a las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS).
La trascendental decisión fue comunicada a través del Edicto N°2065, emitido por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y notificado el pasado 3 de septiembre, permaneciendo visible por un período de cinco días hábiles. Este edicto formaliza la admisión del recurso y da curso al proceso legal.
El abogado Rolando Murgas, representando a los gremios docentes, interpuso la demanda el 3 de julio, poco después de la publicación del Decreto Ejecutivo No. 17 en la Gaceta Oficial el 24 de junio. Dicho decreto fue implementado por el Ministerio de Educación (Meduca) como una medida para asegurar la continuidad del año escolar, tras dos meses de interrupción debido al paro de los educadores.
Es crucial recordar que los maestros iniciaron una huelga indefinida el 23 de abril, manifestando su rechazo a la Ley 462, la cual reformaba el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Esta ley fue el catalizador de la protesta que paralizó las actividades educativas a nivel nacional.
En su momento, el Meduca informó sobre la notificación de reemplazo a aproximadamente 700 docentes que se mantenían en huelga. Estos nombramientos de sustitutos tenían una vigencia establecida hasta diciembre de 2025. Sin embargo, una vez finalizada la huelga, los maestros sustitutos no pudieron retornar a sus puestos de trabajo originales, generando controversia y descontento en el sector educativo.
La admisión de esta apelación por parte de la Corte Suprema representa un avance significativo en el proceso legal iniciado por los gremios docentes. Abre la puerta a una revisión judicial más profunda del Decreto Ejecutivo No. 17 y su impacto en los derechos laborales de los educadores. El resultado de este proceso podría sentar un precedente importante para futuras situaciones de conflicto laboral en el ámbito educativo panameño.
El caso sigue generando gran expectativa entre los docentes y la comunidad educativa, quienes esperan que la Corte Suprema emita una resolución justa y equitativa, que tome en consideración los derechos de todos los involucrados y garantice la estabilidad del sistema educativo panameño. El desarrollo de esta apelación será crucial para determinar el futuro laboral de los docentes afectados y la validez de las medidas adoptadas por el gobierno durante la huelga.
