IMPACTO PANAMÁ
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Según consta en la Resolución N.° 3757-2025-LEG/PJ, emitida el 22 de octubre de 2025, la Contraloría ordenó el secuestro de bienes inmuebles y cuentas bancarias del exvicepresidente Carrizo por un monto de B/.1,113,818.33, como medida precautoria para “salvaguardar los intereses públicos del Estado panameño”.
El documento, firmado por el contralor Anel Flores, instruyó al Registro Público de Panamá a abstenerse de registrar cualquier operación relacionada con los bienes de Carrizo y a ponerlos a disposición de la Contraloría hasta nuevo aviso.
La medida incluye tres cuentas bancarias —en el Banco Nacional de Panamá, Multibank y Banco Prival, S.A.— así como cualquier activo o valor financiero a nombre del exfuncionario.
El fundamento legal de la resolución se apoya en los artículos 279 y 280 de la Constitución y la Ley 32 de 1984, que faculta a la CGR a imponer medidas de control cuando se detecten irregularidades administrativas o financieras.
Carrizo rompe el silencio: “Nadie está, ni debe estar, por encima de la ley”
Horas después de conocerse la resolución, José Gabriel Carrizo emitió una carta pública, en la que lamentó la filtración del documento antes de ser notificado oficialmente y defendió su gestión como Vicepresidente y Ministro de la Presidencia.
El exmandatario aseguró que “siempre ha actuado con responsabilidad, honradez y respeto por la ley”, y expresó su disposición a colaborar con las autoridades competentes. También denunció haber sido víctima de “calumnias e injurias”, y afirmó que enfrentará cualquier señalamiento que afecte su honra o la de su familia.
“Siempre estaré dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, pero siempre con hechos reales y transparencia. Mi compromiso es con la verdad”, afirmó Carrizo en su comunicado.
“Nadie está, ni debe estar, por encima de la ley”, concluyó.
Reacciones y contexto político
La decisión de la Contraloría ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Algunos sectores destacan la autonomía institucional de la CGR en su actuación, mientras que otros cuestionan la filtración del documento y advierten sobre posibles motivaciones políticas detrás del proceso.
Carrizo, quien fue vicepresidente durante la administración de Laurentino Cortizo (2019–2024), ha sido objeto de auditorías por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos y contratos estatales.
Por ahora, el exvicepresidente no enfrenta cargos penales formales, pero el secuestro de sus bienes marca un nuevo capítulo en la investigación administrativa en su contra, mientras la opinión pública sigue pendiente de los próximos pasos del Ministerio Público y la Contraloría.
