El Ministerio Público ejecutó la orden de aprehensión contra el exfuncionario por presuntos delitos contra la administración pública que involucran 400 mil dólares
El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, fue detenido este lunes por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, tras hacerse efectiva una resolución de aprehensión en su contra por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
Según informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales, la detención se produjo por «delito contra la administración pública en modalidad de enriquecimiento injustificado». Fuentes extraoficiales confirmaron que Meneses fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial.
Múltiples acusaciones en su contra
La investigación contra Meneses abarca varios delitos relacionados con el manejo de recursos públicos durante su gestión al frente del Ifarhu. Las autoridades lo señalan por peculado de uso, malversación de fondos públicos y extralimitación de funciones, específicamente por otorgar auxilios económicos a hijos de políticos, empresarios y personas sin necesidad económica comprobada.
La Contraloría General de la República presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación después de realizar una auditoría que determinó un posible enriquecimiento injustificado por aproximadamente 400 mil dólares.
Auxilios millonarios bajo la lupa
Los datos revelados por la auditoría forense muestran la magnitud del programa de auxilios durante la gestión de Meneses. Entre 2019 y 2024, el Ifarhu entregó aproximadamente 260.5 millones de dólares distribuidos en 9,237 auxilios económicos.
Los montos individuales variaron significativamente, desde 5,000 hasta 200,000 dólares por beneficiario, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para determinar estas asignaciones.
Proceso judicial marcado por demoras
El caso ha enfrentado múltiples obstáculos legales que han retrasado el proceso. La audiencia de imputación de cargos, originalmente programada para el 12 de diciembre de 2024, fue suspendida tras un amparo constitucional presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
En enero de 2025, la defensa de Meneses solicitó reanudar la audiencia, pero una jueza rechazó el reclamo de «afectación de derechos» tras escuchar los argumentos de ambas partes.
La situación se prolongó hasta mayo de 2025, cuando Meneses acudió personalmente al Sistema Penal Acusatorio (SPA) para exigir que se programara la audiencia que había sido suspendida por las decisiones judiciales y los amparos interpuestos.
Impacto en la administración pública
Este caso forma parte de una serie de investigaciones que han puesto en el foco público el manejo de recursos en instituciones estatales. La detención de Meneses marca un nuevo capítulo en los esfuerzos por combatir la corrupción en el sector público, particularmente en el manejo de programas sociales y educativos.
La Fiscalía Anticorrupción continúa con las investigaciones correspondientes mientras se desarrollan los procedimientos legales que determinarán el futuro judicial del exfuncionario.