IMPACTO PANAMÁ
En una jornada marcada por la inversión en infraestructura básica y justicia social, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó un Consejo de Gabinete Ampliado en la ciudad de Penonomé. Durante el evento, el mandatario entregó la orden de proceder para la modernización de la planta potabilizadora de Farallón y otorgó títulos de propiedad a familias que esperaron por décadas la legalización de sus tierras.
Infraestructura hídrica: El renacer de la planta de Farallón
Con una inversión de B/.3,000,671, el Gobierno Nacional adjudicó a la empresa Cox Energy Panamá, S.A. la rehabilitación integral de la planta potabilizadora de Farallón. Este proyecto es una pieza clave en la estrategia del Idaan para rescatar infraestructuras hídricas en deterioro y garantizar el suministro a más de 2,500 residentes, además de potenciar el turismo en el Pacífico coclesano.
El director ejecutivo del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que la obra abarca desde estudios técnicos y diseño hasta la renovación de equipos en la toma de agua cruda y un periodo de mantenimiento garantizado. Esta iniciativa se suma a otros proyectos similares en Penonomé, Natá y Capellanía, reforzando el sistema hídrico provincial justo antes del incremento de demanda previsto para los Carnavales 2026.
Justicia social: Títulos de propiedad y seguridad jurídica
En un acto cargado de emotividad, el presidente Mulino entregó títulos de propiedad a 25 familias de los distritos de Aguadulce, Antón, La Pintada, Natá, Olá y Penonomé. Asimismo, se asignaron predios en uso y administración a seis juntas comunales para el desarrollo de infraestructuras comunitarias como acueductos rurales y centros de salud.
“Es crucial para el país documentar a todos los ciudadanos con el fin de empoderarlos”, afirmó el mandatario.
Por su parte, el administrador de la Anati, Andrés Pagés, anunció avances significativos en el proyecto de barrido catastral instruido por el Ejecutivo. Este censo técnico cubrirá 66 mil hectáreas en la provincia durante los próximos 36 meses, impactando positivamente a unas 172 mil personas que hoy producen la tierra pero carecen de la documentación legal que los acredite como dueños legítimos.
