El Gobierno de Panamá ha reafirmado su compromiso con la estabilidad económica y el bienestar de sus ciudadanos mediante la aprobación de dos resoluciones clave destinadas a mantener a raya los precios de la electricidad. Estas medidas, que implican importantes aportes al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), buscan proteger a los consumidores de bajos ingresos y a las comunidades del occidente panameño de las fluctuaciones en los costos de generación de energía.
Con la Resolución N°117-25, el Consejo de Gabinete aprobó una inyección de B/.37.9 millones provenientes del Tesoro Nacional al FET. Este fondo crucial actúa como un amortiguador, compensando a las empresas distribuidoras de energía por los descuentos que ofrecen a los clientes cuyo consumo no excede los 300 kilovatios-hora (KWh). Esta medida impacta directamente en las facturas de los hogares de bajos ingresos, aliviando la carga económica que representa el acceso a la electricidad. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido facultado para administrar estos recursos, asegurando su correcta asignación y transferencia a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), fiduciario del FET. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) será notificada sobre la ejecución de estas transacciones, garantizando la transparencia del proceso.
Adicionalmente, mediante la Resolución N°118-25, se autorizó un aporte estatal de B/.18.4 millones al FTO. Este fondo tiene como objetivo compensar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), por los beneficios tarifarios otorgados a sus clientes en el occidente del país, incluyendo a los residentes de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circundantes. El FTO, establecido en 2015, se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad de los precios de la energía eléctrica en esta región, mitigando el impacto de las variaciones en los costos de generación directamente en las facturas de los usuarios finales.
Ambas resoluciones, aprobadas por el Consejo de Gabinete, reflejan el firme compromiso del Gobierno Nacional con la protección del poder adquisitivo de las familias panameñas. Al mantener estables los precios de la electricidad, se busca evitar que los incrementos en los costos de generación afecten de manera desproporcionada a los consumidores, especialmente a aquellos con menores recursos. Esta política proactiva también contribuye a la sostenibilidad del sistema energético nacional, promoviendo un acceso equitativo y asequible a un servicio esencial para el desarrollo económico y social del país.
En un contexto global marcado por la volatilidad de los precios de la energía, estas medidas adoptadas por el gobierno panameño demuestran una visión estratégica y un enfoque responsable en la gestión de los recursos públicos. Al invertir en la estabilidad tarifaria, se promueve la certidumbre económica, se fomenta el consumo responsable de energía y se contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.